El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, denunció ante el fuero ordinario de la Capital Federal a cinco funcionarios de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales “Cinturón Sur” de la Gendarmería Nacional Argentina por abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y robo en perjuicio de dos personas, en el marco de un allanamiento llevado adelante en un domicilio de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. La presentación de la Procuvin es el resultado de una investigación preliminar en base a la denuncia presentada por las propias víctimas, en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Bajo Flores.

Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2014, a primera hora de la mañana, cuando cinco efectivos irrumpieron en una vivienda ubicada en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores de manera violenta. Los funcionarios habrían encerrado a las víctimas en un cuarto de la planta baja durante media hora, aproximadamente, para luego empezar a revisar el lugar.

De la denuncia, basada en el testimonio de dos de las víctimas y uno de los testigos, surge que luego del procedimiento, a una de las víctimas le faltaron 3200 pesos, 70 Euros, 1500 dólares, un cheque viajero por cien dólares de la firma “Trabe-Travel” y una filmadora digital. A otro de ellos, le habrían sustraído 19 mil pesos y al resto de los inquilinos una máquina de videojuegos, zapatillas y más dinero en efectivo. Según surge de la presentación de Procuvin, en ninguna de las actas del procedimiento quedó registrado el secuestro del dinero.

“Ese día, alrededor de las cinco de la mañana, empezaron a golpear la puerta. No me tocaron el timbre. Eran unos estruendos. Rompieron la puerta de madera y de reja. Mientras me levanté y me bajé de la cama, me los encontré ya en el segundo piso a los gendarmes. Todo el mundo estaba durmiendo. El gendarme me pedía que baje a la planta baja. Los gendarmes iban tocando las puertas de las piezas y pidiendo que bajen. Ahí, salieron todos, en pijamas y nos reunieron en un cuarto de la planta baja”, relató una de las víctimas en su declaración.

Miguel Palazzani señaló que si bien el allanamiento estaba ordenado para ese día y en ese domicilio, lo cierto es que “en ningún momento el mandato judicial contemplaba el uso irracional de la fuerza, mucho menos el ejercicio de la violencia y la vulneración a la dignidad e integridad de los habitantes”. No existió, por parte de ninguna de las personas que habitaban el domicilio, algún tipo de resistencia que habilitara a los agentes de Gendarmería Nacional el uso de la fuerza pública, “excesiva y desproporcionada”.

En este sentido, el representante del Ministerio Público entendió que el accionar de los funcionarios públicos debía ser encuadrado en el abuso de las funciones, vulnerando no sólo las normas legales del Código sino también las órdenes internacionales, “ejerciendo violencia contra los moradores que nunca se negaron al registro domiciliario, encerrándolos en un cuarto de la planta baja” mientras recorrían la propiedad.

Finalmente, Palazzani puntualizó que por la sustracción del dinero en efectivo, cheques al viajero y los diversos elementos de valor como la cámara digital, entre otros, se los debe acusar de robo, con el agravante de formar parte de una fuerza de seguridad.