El fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, dispuso que los fiscales de su jurisdicción actúen de manera coordinada y unifiquen los criterios de acción en casos de violencia institucional. Para lograr ese objetivo, designó a dos empleadas para que brinden asistencia a los magistrados y se constituyan en un "nexo" entre los representantes del Ministerio Público de esa ciudad y la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).

La abogada Micaela Esperón, oficial de la Fiscalía General, y la auxiliar Lucía Ivorra realizarán esas tareas, para las que fueron designadas por Adler a través de la resolución interna 3/2013. "Han demostrado interés en la temática, cuentan con experiencia en la investigación y juzgamiento de causas por violaciones a los derechos humanos y han colaborado con el suscripto en la actuación de actividades vinculadas al tema", destacó Adler acerca de las empleadas designadas.

El fiscal general consideró que "resulta necesario asegurar la coordinación y unificación de criterios de las distintas fiscalías que conforman esta sección judicial respecto de las causas en las que se investiguen casos que versen sobre hechos de violencia institucional".
Además de colaborar con los fiscales y de intermediar con la Procuvin, la misión de las empleadas designadas será elaborar y actualizar "periódicamente la base de datos de causas en trámite respecto de las personas privadas de libertad, estableciendo el correspondiente organigrama de visitas a establecimientos policiales y penitenciarios".

Además, deberán realizar "propuestas de resoluciones que entiendan necesarias para asegurar la inspección periódica de los lugares de encierro dentro de la jurisdicción" y tendrán a su cargo supervisar "el cumplimiento de esas resoluciones y de todas aquellas que se dicten por parte de la Procuración en materia de violencia institucional y violaciones a los DDHH".
En su resolución, Adler ponderó la creación de la Procuvin y destacó "la necesidad de respetar y garantizar la dignidad de la persona humana" frente a casos de violencia institucional, a lo cual "se suma la responsabilidad del Estado Argentino en caso de incumplir con las obligaciones inherentes que surgen de los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos".