La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, participaron el 3 de mayo pasado del "Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional" que se llevó a cabo en Plaza de los Dos Congresos.
"La violencia institucional tiene, y esto tenemos que decirlo, cierto consenso social: hay sectores de la sociedad que todavía ven en estas prácticas, que son violaciones a los Derechos Humanos, una alternativa a lo que llaman la inseguridad ciudadana. Inseguridad que, gracias a los medios de comunicación, siempre se centra en hablar de los delitos de sangre y algunos delitos contra la propiedad. Los más graves no son materia de noticia, según me consta después de haber sido 13 años fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial", señaló la Procuradora. Y remarcó que "mientras en las cárceles se torture, mientras sean inhumanas las condiciones de detención y falte atención médica, mientras desaparezcan jóvenes detenidos y haya detenciones arbitrarias, con el agravante de que muchas veces esos hechos tienen relación con redes de corrupción policial, sería tan inadecuado que habláramos de los Derechos Humanos, si el sistema de justicia va a proteger a una clase de personas mientras a otras las deja sin protección. La justicia, para ser legítima, debe ser universal, debe alcanzar a unos y a otros".
Por su parte, el fiscal Abel Córdoba consideró que el sistema judicial "no ha dado respuestas a buena parte de la población" y "tiene como constante la negación del acceso a la justicia a muchos de los sectores, incluso a muchos de quienes están presentes".
Durante la jornada participaron miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociales, como también académicos y funcionarios públicos.
Raquel Wittis, cuyo hijo Mariano fue asesinado por la policía, respaldó la creación de las nuevas procuradurías por parte de Gils Carbó porque -dijo- "muestran el esfuerzo de un Estado que no es indiferente al reclamo de las víctimas y sus familiares para desandar la impunidad de las instituciones". En ese sentido, realzó la labor de los militantes de derechos humanos: "Si hay algo que nos diferencia de los imputados de abuso policial o de los imputados por delitos de lesa humanidad es que nosotros hemos aprendido a luchar sin violencia. Ellos, todavía, no".