10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Relevamiento de la Procuvin en causas de las justicias nacional y federal
Hay 749 funcionarios de seguridad y custodia investigados por violencia institucional
Más de un 25 por ciento del total fueron elevados a juicio. Casi la mitad están acusados por violencia policial y la mayoría son policías federales. El informe de la Procuvin indica que se trata de prácticas "naturalizadas y/o toleradas, promovidas y en muchos casos favorecidas por la estructura institucional".

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) produjo un informe que indica que en todo el país hay 749 funcionarios públicos de fuerzas de seguridad y custodia investigados en 209 causas judiciales que tramitan en los fueros nacional y federal por hechos de violencia policial (47,5%), violencia en instituciones de encierro (31,9%) y corrupción en fuerzas de seguridad y custodia (19,9%). Más de un cuarto de todos ellos, en total 204, se encuentran elevados a juicio oral.

El informe destaca "el esfuerzo de una parte importante de los agentes del Ministerio Público Fiscal que desde la creación de la Procuvin han contribuido a la construcción de una agenda de trabajo vinculada a la identificación de estos hechos y al desarrollo de estrategias jurídico-institucionales en relación a los hechos delictivos consumados a partir de un funcionamiento habitual de las instituciones estatales mandatarias de la seguridad y custodia". En ese sentido, la Procuvin remarca que la cifra "demuestra que el Ministerio Público Fiscal está reorientando su política criminal para detectar sucesos delictivos que históricamente no eran abordados por el sistema judicial".

El relevamiento realizado por la Procuvin en las causas que tramitan en el fuero nacional (porteño) y federal de todo el país permitió el cálculo de diferentes variables. Con el objetivo puesto en la búsqueda de esos datos, la Procuraduría a cargo del fiscal general Abel Córdoba definió a la violencia institucional "como todo acto perpetrado por funcionarios públicos de fuerzas de seguridad o custodia estatal y que, por acción u omisión, por vía directa o indirecta, producen graves aflicciones físicas o psíquicas en las personas, estén dichas víctimas vinculadas o no formalmente a procesos penales, y que en su ocurrencia cercenan el pleno goce de los derechos, en sus manifestaciones más graves llegan a conformar graves violaciones a los derechos humanos".

Las cifras

Entre los 749 funcionarios, el 27,2 por ciento (204) fue elevado a juicio; el 19 por ciento (142) está procesado; el 13,1 (98) fue sobreseído; el 11,9 (89) tiene declaración indagatoria requerida; otro 9,1 (68) está con falta de mérito; hay un 6,5 (49) condenado; un 6 (45) absuelto, sobre un 3,9 (29) fue requerida su elevación a juicio, y un 3,3 (25) fue indagado.

La Procuvin destaca que el 69 por ciento de los 749 funcionarios están con "imputaciones vigentes y con procesos penales en pleno desarrollo", lo cual "demuestra una actividad proactiva de ciertos fiscales para el avance de las investigaciones". No obstante, advierte que existe un alto porcentaje (11,9) con requerimientos de indagatorias que todavía no han tenido respuestas del juez, lo cual constituye "otra instancia de paralización que puede ser atribuible al órgano jurisdiccional" y que genera "un desafío para los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que en ese alto porcentaje de casos, momentáneamente paralizados por una omisión jurisdiccional, puedan avanzar al siguiente estadio".

Además, la Procuvin indicó que "los porcentajes de funcionarios condenados y absueltos, dan cuenta de un escenario que obliga a continuar analizando criterios de recolección de pruebas, tiempos, y estrategias de persecución, para arribar a una instancia de juicio con mayores posibilidades de acreditación de los hechos y adjudicación de responsabilidad a sus autores".

Respecto de la recolección de la prueba, la Procuraduría también analiza que la mayor cantidad de funcionarios acusados por violencia policial (356) puede deberse a que hay más agentes que cumplen funciones de seguridad en el territorio que quienes lo hacen en ámbitos de encierro y porque además "las chances de la reconstrucción fáctica de los sucesos delictivos, con vistas a la edificación de una certeza, encuentran una serie de impedimentos".

Al respecto, enumera que "víctimas y testigos pueden seguir bajo la órbita de la fuerza a la que pertenece el victimario, por lo que se pueden activar represalias a quienes otorguen testimonios de cargo; imposibilidad de acceder a otros testigos ajenos a la sujeción de la fuerza penitenciaria; naturalización del fenómeno de la violencia carcelaria que genera una mayor tolerancia del accionar delictivo de la fuerza de seguridad; accionar delictivo que, por tratarse de un sitio con menores posibilidades de controles externos, se perpetra mediante autores que extraen las placas de identificación de sus uniformes".

Policía Federal, primera

De los 749 investigados, 252 (33,6 por ciento) son policías federales; 204 (27,2 por ciento) son agentes del Servicio Penitenciario Federal; 64 (8,5 por ciento) son policías metropolitanos; 49 (6,5 por ciento) son policías bonaerenses; 46 (6,1 por ciento) son gendarmes y 104 (13,9 por ciento) corresponden a otras instituciones, como la Armada Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), el Poder Judicial de la Nación, las policías de Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Luis, la Prefectura Naval Argentina, y los servicios penitenciarios Bonaerense, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, de Mendoza y de Catamarca.

En este contexto, casi el 40% de los casos corresponden a la justicia nacional (criminal y correccional) con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el 52% se distribuye entre las diferentes jurisdicciones federales, principalmente las de La Plata, Comodoro Rivadavia, San Martín, Mendoza, Capital Federal y General Roca, especifica la Procuvin.

Para la Procuraduría, "estos datos señalan que tanto las instituciones (fuerzas de seguridad o custodia) como los fueros y jurisdicciones donde se investigan los hechos exhiben una amplitud de distribución y extensión tal que permiten afirmar que no se trata de una dinámica focalizada o propia de una fuerza o territorio, sino de una práctica institucional fuertemente arraigada en la gestión normalizada del despliegue de sus funciones".

Por eso, señala, "para los operadores judiciales esto significa un enorme desafío" dado que la violencia institucional constituye "un campo de investigación penal que necesariamente debe seguirse desarrollando en pos de una mayor administración de justicia y sanción a los responsables directos y jerárquicos de estos hechos" para su reducción "por vía del carácter de prevención general negativa que el avance de estas imputaciones conlleve para el resto de las estructuras facultadas al uso de la fuerza en el estado".

Tareas para los operadores

Casi el 50 por ciento de los policías federales fueron elevados a juicios. Ello significa que "el férreo control preventivo de la situación de servicio de estos funcionarios constituye una tarea de máxima prioridad tanto en la tramitación judicial de los expedientes como en la adopción de medidas preventivas por parte de los ministerios del poder ejecutivo de los cuales dependen estos funcionarios, y cuyas tareas organiza el poder administrador", indica el informe elaborado por la Procuvin.

En cuanto a los funcionarios del SPF, el 37 por ciento se encuentra en calidad de procesado y otro 26 por ciento le sigue con indagatoria solicitada, "situación que requiere de la agilización de la respuesta de los juzgados respecto de estos requerimientos".

La Policía Metropolitana, en tanto, "exhibe un alto porcentaje de sobreseimientos, que alcanzan a la mitad de los registros, y que aunque puede ser un dato influenciado por la alta concentración de funcionarios involucrados en una misma causa/hecho investigado, no deja de representar un nivel elevado". Si se suman las faltas de mérito que beneficiaron a esos funcionarios (23 por ciento), la "desvinculación de responsabilidades penales respecto del hecho" llega casi el 75 por ciento de los policías metropolitanos.

En tanto, un tercio de los imputados que revistan en la Gendarmería Nacional fueron elevados a juicio, lo cual da cuenta de "la necesidad de maximizar los controles y la toma de medidas cautelares y preventivas en lo relativo al desarrollo de tareas por parte de estos funcionarios que puedan poner en riesgo la integridad física y psíquica de nuevas víctimas", sostuvo la Procuraduría.

Naturalizada, tolerada y promovida

En su informe, el informe de la Provcuvin explica que la violencia institucional incorpora una diversa gama de tipos penales, como las lesiones, el homicidio, torturas, vejaciones y amenazas, entre otras, que involucran a los autores directos y a otros que "propician o no evitan su despliegue en los escenarios de ocurrencia, ni lo denuncian personalmente", como también a los funcionarios de mayor jerarquía con responsabilidad institucional.

Señala además que la violencia institucional está constituida por "'prácticas' institucionalmente producidas y conocidas –incluso bajo tipificaciones semánticas- por la enorme mayoría de sus miembros y dependencias", que son "naturalizadas y/o toleradas, promovidas y en muchos casos favorecidas por la estructura institucional, independientemente de tratarse de actos prohibidos por los tratados internacionales de derechos humanos, la constitución, leyes, procedimientos y protocolos".

"Es parte del funcionamiento habitual de las agencias mandatarias de la seguridad y custodia, siempre en perjuicio de los ciudadanos y excediendo o en franca oposición a los objetivos, misión y facultades legales", indicó la Procuvin, que asimismo explica que se trata de "hechos que ocurren generalmente en contextos de encierro como comisarías, cárceles, institutos de menores, instituciones de salud mental".