El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad hoc y prosecretario letrado de la Procuvin, Claudio Pandolfi, pidieron que se indague a cuatro agentes de Servicio Penitenciario Federal para que declaren en el marco de una causa en la que se los investiga por ejercer “tormentos” y “actos vejatorios” contra un joven privado de la libertad. Los representares del MPF solicitaron que se considere a los agentes del SPF “autores penalmente responsables del delito de imposición de tortura”. El hecho ocurrió en enero del año pasado, durante una “requisa” realizada en los pasillos del Complejo Penitenciario Federal I.

Según la presentación los agentes acusados generaron “un sentimiento de indefensión absoluto sobre la víctima, que sin duda alguna incrementó su sufrimiento”. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también hicieron hincapié en que el caso “debe ser considerado como tortura; no ya por la gravedad de las lesiones o el excesivo dolor que le habrían infringido -el cual, de todas formas, estuvo presente-, sino por la forma en que se desarrolló, el lugar, el modo, los motivos y la especial situación de la víctima”.

El dictamen subraya que la víctima fue tomada del cuello, arrojada contra el piso y agredida con golpes de puño y patadas en todo su cuerpo. Basados en la “Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, los fiscales resaltaron la necesidad de entender a la tortura como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.