La opinión de la Procuraduría contra la Violencia Institucional fue receptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires cuando ordenó el 29 de abril pasado al gobierno porteño "adoptar todas las medidas necesarias a los fines de salvaguardar la integridad psicofísica y la seguridad" de los internos del Hospital Borda. En esa medida cautelar, el tribunal también ordenó "evitar la reiteración por parte de la Policía Metropolitana de un accionar similar al acontecido el pasado 26 de abril".

La intervención de la Procuvin fue requerida por la Defensoría General de la Nación, en el marco del habeas corpus preventivo, correctivo y colectivo que interpuso para que se ordenen "medidas de resguardo que protejan efectivamente la integridad psicofisica y los derechos humanos fundamentales de las personas internadas involuntariamente" en aquél hospital.

En el trámite de habeas corpus, la jueza Silvia Nora Ramond se había inhibido en favor del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°19 de esta capital, que le había requerido el expediente. Pero la Cámara le ordenó que dicte esas medidas de resguardo antes de remitir la causa al juzgado local.

En ese contexto, la Defensoría General solicitó a la Procuvin que expida su opinión "dada la gravedad institucional que este caso posee, de conocimiento público e información notoria de las últimas 24 hs., de la que surge inequívocamente la existencia de hechos de violencia institucional acaecidos".

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, dictaminó en un oficio remitido a los defensores que "resulta imperioso por configurar un caso de indudable trascendencia institucional, que se adopten con urgencia todas las medidas de resguardo que resulten necesarias para asegurar la integridad psicofísica, como asi también la vigencia de todos los derechos de las personas que se encuentran en el establecimiento atacado, ello en función de su condición de privados de libertad, sumado a su especial situación de vulnerabilidad".

Córdoba, asimismo, resaltó que "las personas cuyos derechos e integridades deben resguardarse, se encuentran en ese establecimiento con la finalidad de realizar un tratamiento respecto de sus padecimientos en salud mental, circunstancia que no podrá soslayarse al momento de evaluar cualquier pronunciamiento procesal en el marco de los procesos judiciales que se encuentran en trámite".

El defensor oficial Facundo Capurro Robles apeló en nombre de la Defensoría la incompetencia dictada por Ramond y en esa pieza expuso las consideraciones de la Procuvin, que luego fueron receptadas por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad, en la firma de la jueza Mirta López González y de los jueces Gustavo Bruzzone y Rodolfo Pociello Argerich.

De esta forma, la jueza Ramond comunicó el 29 de abril la medida al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a sus ministros de Salud y Seguridad, Graciela Reybaud y Guillermo Montenegro, respectivamente, para que cumplan con las medidas de resguardo, tras lo cual remitió la causa al juzgado que la había requerido.