La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) contó con la participación de profesionales de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación para la realización de las diez inspecciones sorpresivas a los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal iniciadas en diciembre de 2022 y extendidas durante el año en curso.

Bajo esta modalidad, la PROCUVIN inspeccionó en ese período los complejos penitenciarios federales I, de la ciudad de Buenos Aires; VI, de Lujan de Cuyo (Mendoza); III, del NOA (Salta); y V, de Senillosa (Neuquén); y las unidades federales 4, 13 y 30 de Santa Rosa (La Pampa), 12 de Viedma (Río Negro), 15 de Río Gallegos (Santa Cruz) y 6 de Rawson (Chubut) .

La intervención de las y los profesionales de la DATIP permitió optimizar las estrategias de actuación en torno al control de situaciones específicas de las condiciones de encierro de las personas privadas de la libertad bajo la custodia del Estado.

En efecto, la PROCUVIN informó que la participación de las áreas operativas de Laboratorio de Medicina Legal y de Multimedia Forense de la DATIP permitió alcanzar con mayor eficacia la detección y verificación de hechos lesivos y afectaciones, que podrían conllevar el agravamiento a las condiciones de detención. Estas intervenciones posibilitaron la instrumentación y articulación de medidas y diligencias tendientes al cese de las situaciones advertidas y a su consecuente restauración.

La participación de las distintas áreas de la DATIP en las inspecciones se planificó en función de las particularidades de cada espacio de detención a inspeccionar, para lo cual cada diligencia contó con una preparación de entre uno y dos meses en su diseño.

Los y las profesionales de la salud pudieron detectar en forma integral las distintas problemáticas y falencias en los servicios de asistencia médica (SAM) y en los hospitales penitenciarios centrales (HPC) de los establecimientos inspeccionados. Comprobaron la escasez de recursos humanos, de instrumentales necesarios para la atención médica de la población alojada y de falta de capacitación, entre otras.

En tanto, las y los profesionales en multimedia designados para esta tarea colaborativa relevaron la real y eficaz utilidad de los diferentes dispositivos de monitoreo y control instalados en cada establecimiento inspeccionado. Constataron la existencia de diversos puntos ciegos, además de falencias de diverso orden en los sistemas de registro.

A partir de esta labor conjunta y coordinada de la PROCUVIN y de la DATIP se obtuvieron nuevas nociones conceptuales y herramientas prácticas que permiten un abordaje integral y pormenorizado de las distintas problemáticas en torno a la actuación de los agentes y funcionarios del SPF, de la infraestructura y de su posible afectación a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en contexto carcelario.