La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo de fiscal Héctor Andrés Heim, elaboró un informe que contiene una compilación de recomendaciones, resoluciones y reportes publicados por distintos organismos nacionales a internacionales relativos a la circulación y propagación del COVID-19 dentro de los establecimientos penitenciarios.

El trabajo abarca el período comprendido entre el 1° de junio y el 31 de julio pasados e incluye recomendaciones elaboradas por el Servicio Penitenciario Federal, la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina.

Naciones Unidas

El sistema de las Naciones Unidas en Argentina publicó a fines de junio el informe titulado “Análisis Inicial de las Naciones Unidas COVID-19 en Argentina: Impacto Socioeconómico y ambiental” en el cual se detalla un estudio de las dimensiones múltiples y las consecuencias de la pandemia en nuestro país.

En relación a la población alojada en establecimientos penitenciarios se señaló en el informe que las y los internos/as en establecimientos penitenciarios en el país se ha triplicado en las últimas dos décadas. Sobre esta problemática expresada en la compilación de la PROCUVIN se puntualizó también la declaración de 2018 del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  y señaló que las condiciones de detención “son un asunto de urgencia humanitaria”.

Asimismo, se detallan las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en su presentación de los lineamientos para una respuesta a la pandemia: “En primer lugar, implementar una respuesta sanitaria nacional, provincial y municipal coordinada e inmediata para suprimir la transmisión y poner fin a la pandemia”, y tambien “establecer medidas para garantizar que los servicios de salud lleguen a los grupos más marginalizados, mitigar el impacto de la pandemia en ellos y abordar las barreras estructurales, legales y administrativas para el acceso”.

Servicio Penitenciario Federal

En julio, el SPF elaboró dos publicaciones relativas al desarrollo de dos acciones con relación al COVID-19. Una de ellas fue el parte diario con el registro de la situación epidemiológica en establecimientos penitenciarios federales. La segunda fue el “Informe estado situacional Julio 2020” a través de la Dirección General de Régimen Correccional del SPF. Allí se hace una contextualización de la situación, y explicitan las primeras medidas tomadas por el organismo en miras a prevenir los riesgos de contagio. Entre ellas se encuentran la suspensión de la admisión de nuevos internos de distintas jurisdicciones en el Servicio Central de Alcaidías (Unidad N° 28) a partir del 20 de marzo de este año.

Comité Nacional contra la Tortura

El CNTP publicó el 14 de julio pasado el informe “Estado de situación de las personas privadas de libertad (PPL) durante el período de emergencia sanitaria por el COVID19 al 14/07/2020”. Allí se detalla información relevada que se comprende por lugar detención a unidades penitenciarias, comisarías, instituciones de alojamiento de niños, niñas y adolescentes, y también geriátricos, hogares de discapacidad y centros de tratamientos de adicciones.

La Procuración Penitenciaria Nacional

En su tercer reporte estadístico sobre la situación de las personas privadas de libertad ante la actual emergencia sanitaria, la PPN presentó información relativa a las causas del descenso relativo de la población penal. De esta manera, se expone la evolución mensual de la Población Penal alojada en el SPF durante julio de 2019 y junio de 2020; la población penal alojada, la capacidad declarada y la sobrepoblación; los egresos de personas privadas de libertad por género, por modalidad, por unidad, entre otros datos.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH adoptó el 27 de julio la Resolución 4/20 que instituye las Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas contagiadas por la pandemia. Previamente, durante abril, se había adoptado la Resolución N° 1/2020, la cual guía a los Estados en las medidas a adoptar relativas a la prevención y atención de las personas con COVID-19, en el marco del respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, la resolución estableció una serie de directrices sobre la protección del Derecho a la Salud de las personas con COVID-19; la protección del derecho al consentimiento previo, libre e informado de las personas contagiadas; la protección del derecho a la igualdad y no discriminación, la prioridad de la vida de las personas contagiadas en las políticas públicas, recursos y cooperación; la protección de los derechos en relación con la intervención de actores privados o empresas en el ámbito de la salud; la protección del derecho de acceso a la información y los derechos de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que atienden personas con COVID-19, entre otros señalamientos.