La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Gentili, registró 42 muertes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal durante 2022. La cifra estadística es parte del informe anual Muertes en contexto de encierro. Informe anual 2022 elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de esa oficina especializada. El reporte tiene como objetivo identificar, tipificar y dimensionar las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios federales y producir información consistente que permita dimensionar el fenómeno y su relación con la violencia institucional, y promover mecanismos para su abordaje.

Según detalla el documento, en los últimos 10 años se registraron 504 fallecimientos de personas bajo custodia del SPF, con un pico de 58 en 2020, a raíz del impacto que produjo la pandemia de COVID-19. El informe ofrece la evolución de la cantidad muertes en la última década: 57 en 2012; 45 en 2013; 51 en 2014; 40 en 2015; 36 en 2016; 41 tanto en 2017 como en 2018; 50 en 2019; 58 en 2020; y 43 en 2021.

De las 42 muertes ocurridas el año pasado, el 76,2% -32 casos- se produjeron de manera no violenta. El resto, una suma total de 10, fueron resultado de actos lesivos, entre los que se registraron 5 suicidios por ahorcadura. En tanto, cuatro muertes se produjeron por heridas cortopunzantes y otra fue resultado de quemaduras. Uno de los fallecidos dentro del grupo clasificado por muertes violentas era ciudadano de la República de Chile y el resto eran argentinos. En relación a los 32 fallecidos en forma no violenta, el informe señaló que 7 eran extranjeros procedentes de Paraguay (2), Uruguay (2), Brasil (1), Chile (1) y la Federación Rusa (1).

El reporte indica que, luego del pico de 2020, se mantienen estables los valores respecto a 2021, tanto para muertes violentas como no violentas, por lo cual, conforme la tendencia de los últimos años, continúa la mayor proporción de fallecimientos no traumáticos.

En su informe la PROCUVIN señala que articula diversas acciones tendientes a asegurar el abordaje judicial de los casos, de manera que se lleven a cabo las medidas correspondientes para determinar si medió responsabilidad estatal en la muerte ocurrida bajo custodia. Puntualiza que, durante el el año pasado, fueron 5 las muertes en las que esta dependencia presentó denuncias para el inicio de una investigación judicial. Todas ellas corresponden a casos en los que el desenlace se produjo por motivos informados como no violentos.

Del total de 42 personas fallecidas, 13 llevaban menos de un año detenidas (30,9%) y, de todas ellas, 10 no habían cumplido aún seis meses privadas de la libertad.

Clasificación según establecimientos, situación procesal y rango etario

El documento desglosa asimismo la información relativa a la cantidad de muertes en los distintos establecimientos y precisa que son 12 las cárceles federales que registraron muertes de personas bajo su custodia en el período analizado. Apunta que el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza es el que registra la mayor cantidad de casos con 35,7 % (15). Le siguen el CPF II de Marcos Paz, con 16,7% (7) y el CPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9,5% (4). Explica que este dato es relevante si se tiene en cuenta que estos centros penitenciarios reunían en 2022 al 46,7% del total de la población privada de libertad en cárceles federales. En ese sentido, focaliza que el 61,9% de las muertes registradas (26) corresponden a personas detenidas en grandes centros penitenciarios ubicados en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En este marco, el CPF II sostiene el descenso registrado en 2021 (de 8 a 7 muertes). En este contexto, el CPF I duplica al CPF II y además registra el número más alto de muertes en los últimos 5 años (15 muertes).

En relación a la situación procesal de las personas fallecidas, el informe señala que 57,1% -24 casos- no tenía condena firme y que el 42,9% restante -18 casos- estaban condenadas. Del total de 42 personas fallecidas, 13 llevaban menos de un año detenidas (30,9%) y, de todas ellas, 10 no habían cumplido aún seis meses privadas de libertad.

En cuanto a la edad, el documento indica que las personas fallecidas tenían entre 27  y 93 años, y que el promedio etario de ese grupo es de 49,3 años. Precisa al respecto que 14 de los 42 casos registrados corresponden a reclusos de menos de 40 años de edad, es decir el 33,3% del total de casos.

Metodología

La PROCUVIN explica que para la elaboración de este informe se analiza sistemáticamente cada uno de los partes de notificación de fallecimientos remitidos por el SPF. Esa información es cotejada con la obrante en otros organismos de monitoreo, principalmente la Procuración Penitenciaria de la Nación, y procesada por las especialistas María Luz Damone, Victoria Rangugni, Mariana Vigil y Luciana Virgolini, del Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias.

La oficina especializada destaca que la continuidad en el trabajo de actualización de bases de datos permite desplegar series históricas y evolutivas, tanto en términos cuantitativos como también permite la profundización de las modalidades y circunstancias en las que se dan los diferentes tipos de fallecimientos.