La Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) interviene desde el mes pasado en Reconquista, Santa Fe, en una causa por las torturas impuestas a dos hombres detenidos, que tiene imputados a cuatro policías y a un médico policial de aquella provincia.

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, y el fiscal federal de Reconquista, Roberto Javier Salum, vienen reclamando la detención de los funcionarios, con el objeto de que se les reciba declaración indagatoria por las torturas impuestas a dos hombres que fueron detenidos en la vía pública de aquella ciudad el 25 de marzo pasado.

El viernes 26 de abril el fiscal Córdoba acompañó al fiscal local en la reiteración de la solicitud de las detenciones al juez federal Aldo Mario Alurralde, a quien ya el 19 de abril pasado Salum le había requerido la medida.

La causa tuvo una instrucción rápida y efectiva del Ministerio Público Fiscal, que logró determinar las lesiones graves que sufrieron las dos víctimas y la participación de los funcionarios acusados.
Los acusados son el jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante; el jefe de la Brigada Operativa Departamental IX, Sergio Senn; y los oficiales principales Luciano Martínez y Germán Arce, quienes están imputados del delito de imposición de torturas. En tanto, el médico policial Alejandro Daveau está imputado por la omisión de denunciar las torturas. La fiscalía notificó formalmente de estas imputaciones a las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe, pese a lo cual los funcionarios continúan en sus puestos.

Ante el primer pedido de indagatorias cursado por Salum, el juez Alurralde notificó que lo decidiría “oportunamente”, aunque pocos días después ordenó la prohibición de salida del país de los cinco imputados. Frente a esa decisión de no actuar con la rapidez que reclamaba la fiscalía, el fiscal Salum y el titular de la Procuvín indicaron en la reiteración del pedido que “es en lo inmediato la oportunidad precisa para que el juez disponga las detenciones, de dictado ineludible, en función de la prueba acumulada, la calificación legal de los hechos y la urgencia necesaria en materia de investigaciones penales en los que se investiga la responsabilidad de funcionarios públicos involucrados en graves violaciones a los derechos humanos”.

Los fiscales agregaron que “resulta llamativamente sorprendente la demora o dilación en la manda de la orden solicitada” porque los policías “continúan prestando funciones en el ámbito de la Brigada Operativa Departamental, es decir en el mismo ámbito y ejerciendo las mismas funciones en las que a criterio de este Ministerio Público Fiscal sucedieron los hechos cuya investigación impulsamos”. Y resaltaron que “la mera alusión a una oportunidad futura, lejos de ser un fundamento, importa la paralización del principal curso procesal de la causa”.

En ese sentido, Córdoba y Salum indicaron al juez Alurralde que los imputados “cuentan con facultades policiales amplias, que los habilitan a adoptar medidas con ejecutoriedad, y que además cuentan con un innegable poder, incluso poder de fuego constante, sobre diversos ámbitos sociales, lo cual está actualmente habilitado por la inacción de ese juzgado respecto a los acusados por graves delitos y la exposición de los testigos y víctimas a coacciones, reprimendas y presiones que impactarán necesariamente sobre el curso actual y futuro del expediente”.

Los fiscales indicaron en su presentación que “el presente caso pone de manifiesto prácticas ilícitas constitutivas de violencia institucional” que son “violatorias de los derechos humanos” y que “por su gravedad afectan la vigencia plena del Estado democrático de derecho”.

El origen
La causa se inició por la denuncia de Gustavo Fabián Cernadas y Ángel Luis Ramírez, quienes fueron detenidos por personal de la Brigada Operativa Departamental IX, de la Sección Inteligencia Zona Norte y de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en el marco de una causa en la que se investiga una presunta infracción a la ley de estupefacientes.

Los denunciantes indicaron que fueron salvajemente golpeados particularmente con armas durante la detención, sucedida la noche del 25 de marzo pasado en la calle Amenábar, entre General López e Iriondo de Reconquista, y que luego fueron trasladados a la Brigada –también sede de la comisaría 1°-, donde continuaron los malos tratos.

La Fiscalía Federal de Reconquista recibió la denuncia el 3 de abril e inmediato dio conocimiento al juez federal Aldo Mario Alurralde, quien decidió delegar la instrucción en el Ministerio Público.
La pesquisa a cargo de Salúm logró determinar que Ramírez presentaba un edema en el costado derecho de su cara, fractura del maxilar inferior en el lado derecho y hematoma en su zona costal izquierda. En tanto, Cernadas presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo y particularmente había sido afectado en su rostro, en zonas cercanas a los ojos.

El fiscal Salum tomó testimonio a vecinos del a ciudad que presenciaron la detención y que corroboraron los testimonios de las víctimas.

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, brindará apoyo y asistencia a Salum, en el marco de las atribuciones que le confirió la Procuradora Alejandra Gils Carbó en la resolución 455/13, que, entre otras cuestiones, prevé que la procuraduría deba "asistir a las fiscalías y brindar la colaboración necesaria para la correcta investigación de los hechos que configuren delitos constitutivos de violencia institucional".