La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) realizó un informe sobre las inspecciones realizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal en el periodo 2018-2019. El plan de trabajo fue propuesto por el titular de la procuraduría especializada, el fiscal general adjunto Héctor Andrés Heim, al procurador general de la Nación interino Eduardo Casal, bajo un criterio con énfasis en la concurrencia a prisiones que hasta el momento no habían sido monitoreadas. No obstante, se continuó asistiendo a otros establecimientos ya inspeccionados como parte del trabajo permanente del área, en especial los ubicados en el AMBA.

Las inspecciones en establecimientos de detención se conformó, desde el inicio del trabajo de la Procuraduría, en una herramienta fundamental para prevenir, sancionar y reparar posibles agravamientos en las condiciones de detención y/o hechos de violencia institucional. Así, desde el 2013 la PROCUVIN realizó 277 inspecciones en distintos establecimientos de encierro. Durante el período 2018-2019 se llevaron a cabo 68 en 13 provincias, en las que se relevaron las condiciones de vida y el acceso a derechos de hombres y mujeres privados de la libertad.

El Área de Violencia en Instituciones de Encierro es la que coordina y lleva adelante las inspecciones a los lugares de detención: en sus tareas participan grupos de trabajo conformados por personal de las distintas áreas de la Procuraduría, y, en ocasiones, incluye la labor conjunta con otras dependencias del Ministerio Público Fiscal y/o de organismos públicos y judiciales. Su trabajo comprende también investigar posibles hechos de tortura, malos tratos y/o condiciones inhumanas de vida, así como también, junto con las restantes áreas de PROCUVIN, atender los llamados telefónicos que realizan (por cobro revertido) los detenidos y sus familiares, siendo éste un canal central para el acceso a la justicia.

Metodología de trabajo

Las inspecciones se realizan mediante una modalidad de monitoreo fiscal, en forma periódica. Para tal fin, PROCUVIN lleva adelante un abordaje metodológico específico que implica una fase de preparación, el desarrollo de la inspección y el posterior tratamiento de las demandas.

Las entrevistas con las personas privadas de su libertad constituyen la herramienta central de los monitoreos y la fuente de información fundamental de lo que sucede en los lugares de encierro. Se trata de una actividad central que la dependencia sostiene y mantendrá a lo largo del tiempo.

Principales emergentes

Los monitoreos permiten conocer y abordar problemáticas particulares y transversales del encierro. Las principales problemáticas se vinculan con deficiencias en la asistencia a la salud integral, infraestructura y condiciones materiales de vida, insuficiencias en la oferta laboral, mala y escasa alimentación.

En los complejos penitenciarios del AMBA, que más población concentran, las deficiencias en los sistemas de asistencia médica fueron uno de los mayores problemas advertidos: obstáculos en el acceso a la asistencia, falencias en la calidad de la atención, en el acceso a la información, a estudios y tratamientos adecuados, a servicios especiales y hospitales extramuros. En los Hospitales Penitenciarios se detectaron deficientes condiciones de limpieza e higiene, inadecuadas para sectores de asistencia a la salud.

Se trabajó asimismo con las poblaciones más expuestas a la vulneración de derechos, como mujeres, personas trans y jóvenes adultos. En relación con la población femenina se tomó conocimiento de falencias en el acceso a la salud integral. El trabajo con el colectivo de mujeres transgénero abordó la disconformidad de muchas de ellas respecto a su alojamiento en el CPF IV, donde diversas situaciones basadas en desigualdades por identidad de género afectan su vida intramuros.

Finalmente, se observó la falta de protocolos de acción específicos para requisas que garanticen el respeto de los derechos del niño en unidades en las que se alojan mujeres con niños y niñas o embarazadas.