El fiscal federal subrogante Sergio Mola, a cargo de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, conjuntamente con la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) encabezada por Miguel Angel Palazzani y el fiscal federal ad hoc Claudio Pandolfi solicitaron la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de los cinco imputados por un motín ocurrido en la cárcel de Ezeiza en 2004, uno de los cuales se encuentra fallecido. Por parte de la Procuvin colaboraron también en la presentación Mariela Cantale y Sergio Quirolo, entre otros integrantes del equipo.

El hecho que originó las actuaciones ocurrió el 21 de abril de 2004 en el Pabellón “A” del Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal I. Durante el amotinamiento, fueron tomados de rehenes un celador y otras dos personas privadas de la libertad.

Ahora bien, en octubre de 2006, una vez elevado el proceso a juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la ciudad de La Plata –a petición del MPF- había resuelto la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento, al considerar que el juez de primera instancia que entendió inmediatamente después del motín también había sido víctima, “ya que es la persona a la cual se lo ha obligado a hacer algo contra su voluntad, y que, sin perjuicio de ello, luego instruyó la causa”. Es decir, la causa volvió prácticamente a fojas cero, quedando en pie apenas el requerimiento de instrucción formulado oportunamente por la Fiscalía, y sin registrarse en forma posterior avance alguno en el proceso por parte de las autoridades judiciales.

Así las cosas, a la hora de fundamentar el pedido de sobreseimientos, los representantes del Ministerio Público Fiscal pusieron de relieve que continuar con la acción penal tras casi nueve años –desde lo resuelto por el TOF n°2 en octubre de 2006- implicaría una violación a garantías fundamentales de los imputados, habida cuenta de que el plazo razonable para juzgar a una persona se encuentra ampliamente vencido. Asimismo, para los funcionarios no existieron razones fundadas que justifiquen los nueve años de demora en la investigación, por lo que solicitaron “que se ponga fin al estado de incertidumbre” que recae sobre los imputados.

“No se puede desconocer el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho hasta la actualidad, las características del mismo y la actividad judicial desplegada, por lo cual, a nuestro entender cabría ponerle fin a la presente investigación, ya que de lo contrario se afectaría la garantía del debido proceso, y por sobre todo el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable”, consignaron los fiscales Mola y Pandolfi en su presentación, donde citaron abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que respalda ese criterio.