El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, solicitó la indagatoria de tres efectivos de Gendarmería Nacional por los golpes sufridos por dos jóvenes en Fonrouge y Pasaje Delpini, Villa Lugano. Dos de los uniformados están acusados del delito de vejación agravada por haber actuado con violencia, en tanto que el otro sería responsable de encubrimiento por haber omitido realizar la denuncia.

El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2013, cerca de las 18:30, cuando una de las víctimas salía de una iglesia cubicada en la calle Miralla y Ordoñez, adonde había concurrido al bautismo de un familiar, y se dirigía hacia el garaje de su abuelo en busca del auto. Al ver que el vehículo no estaba, volvió a la calle. En ese momento, fue sorprendido por tres gendarmes, quienes venían corriendo y le ordenaron que se tirara al piso.

En ese momento, lo empujaron, lo esposaron y lo derribaron. A pesar de que el joven ya se encontraba reducido, uno de ellos comenzó a pegarle en la cabeza con la culata del arma y patadas, mientras que otro de los uniformados le pisaba con sus borceguíes los pies y las manos. El tercero de los agresores se encargó de detener a otra persona, que circulaba por el mismo pasaje.

Luego, subieron a ambas víctimas menores de edad al patrullero, donde continuaron las agresiones, y los trasladaron a la Avenida Fernández de la Cruz 5655, donde decidieron formalizar la detención y solicitaron la asistencia del SAME. Los médicos consideraron que el joven herido debía ser trasladado al Hospital Santojanni, ya que presentaban un traumatismo de cráneo.

El titular de Procuvin refirió que las detenciones se produjeron en el marco de una situación de violencia que comprendió “la aplicación de golpes con la culata de un arma, patadas y pisotones a una persona” que se encontraba previamente reducida en el suelo, fue “una acción deliberada desplegada por un integrante de la fuerza de seguridad con el único objeto de producir sufrimiento a la persona detenida, humillándola y denigrándola”.

Sobre la acusación que le destinó a los uniformados, el fiscal Palazzani consideró que uno de ellos debía ser llamado a indagatoria por el delito de encubrimiento por omisión de denuncia, ya que al momento de la violenta agresión se encontraba presente y no informó los hechos. En relación a los otros dos funcionarios involucrados, el representante del Ministerio Público solicitó que sean citados a prestar declaración indagatoria por el delito de vejaciones agravado por haber actuado con violencia: “Existió una persona privada de la libertad por funcionarios de una fuerza de seguridad del Estado”, a quién “se le aplicó distinta clase de golpes sometiéndolo a sufrimientos físicos y mentales” y agregó que las lesiones que se encuentran acreditadas en los informes médicos que se labraron ese mismo día.

“Versión confiable”

En la presentación, el titular de la Procuvin refirió que existieron dos versiones antagónicas. Por un lado, la historia contada por los miembros de la fuerza de seguridad, investigados por los eventuales ilícitos, y por el otro el relato presentado por las víctimas y testigos.

En este punto, el fiscal general resaltó que quienes son investigados forman parte de una fuerza policial, quienes en general “sirven de auxiliares al Poder Judicial y Ministerio Público, y que a menudo son los responsables de la documentación de distintas circunstancias (…) que se constituyen en una versión confiable para los operadores judiciales”. Sin embargo, existe el relato de quienes, además de pertenecer a un sector social vulnerable, “se encuentran acusados de un hecho que motivó la actuación policial”.

En este sentido, Palazzani destacó que debe tenerse en cuenta la hipótesis planteada por el damnificado, “ya que no hay razones que habiliten a restarle valor mecánicamente por su mera contradicción con una versión distinta de los agentes de la fuerza de seguridad”. Por ello, entendió, en el marco de la investigación contra los jóvenes detenidos, que debería tomarse la información que sirva para direccionar las medidas de prueba que permitan confirmar o no “las alegaciones sobre el accionar policial”. Palazzani afirmó que existe elementos de convicción que dan cuenta “de un hecho que se contrapone de plano con la versión que la fuerza de seguridad intentó sostener”.