El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°8, Fernando Fiszer, junto al fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, solicitaron la indagatoria de tres efectivos de la Comisaría N°52 de la Policía Federal y dos de la Gendarmería Nacional Argentina, por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de torturas, omisión de evitar torturas y falso testimonio, contra dos jóvenes.

El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de abril del año pasado, cuando las víctimas caminaban por la intersección de las calles Chilavert y Pola, en las inmediaciones de la Villa 20. El subinspector Mauro Alejandro Radesh y el cabo 1° Ceferino Dos Santos, quienes circulaban en un móvil de la PFA, los detuvieron y los habrían golpeado y pateado hasta derribar a los jóvenes al suelo. En ese momento, otros efectivos policiales y de la Gendarmería, entre quienes se encontraba Brian Emanuel Grandoli, les arrojaron gas pimienta en la cara y los trasladaron al puesto que GNA tiene en la intersección de Unanue y Albariño.

En la dependencia a cargo del sargento primero José Maciel y el sargento ayudante Alberto Britez, Radesh y Dos Santos requisaron a las víctimas y las obligaron a arrodillarse contra una pared, les apoyaron sus armas en la nuca y gatillaron dos veces, sin que se produjeran disparos, tras lo cual los llevaron a la Comisaría N°52, donde quedaron detenidos.

Durante la detención, uno de los jóvenes se entrevistó con el director general de derechos humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien denunció lo ocurrido ante la fiscalía de turno, que requirió la asistencia de la Procuvin.

Los fiscales Fiszer y Palazzani dieron por acreditado que la detención resultó ilegitima, contrariamente al descargo efectuado por los efectivos policiales, quienes habían argumentado que detuvieron a los hombres tras recibir un alerta del Departamento Federal de Emergencias, por detonaciones en la zona, la cual luego se demostró que era falso.

También, los representantes del Ministerio Público consideraron que los efectivos policiales intentaron cubrir su accionar, dado que se elaboraron dos informes médicos, en uno de los cuales se consignaba que las víctimas no estaban lesionadas, mientras que en el segundo, elaborado tras la visita del funcionario de la PPN, se asentó que uno de ellos no tenía lesiones, mientras que el otro sufrió escoriaciones en la nariz y rodilla y cadera izquierdas.

Fiszer y Palazzani subrayaron que “los funcionarios policiales actuaron de manera arbitraria e infundada, en relación a dos sujetos que se hallaban en la vía pública en la madrugada, y los agredieron físicamente, primero en el lugar en que se produjo la aprensión, y luego en la garita de Gendarmería Nacional, para luego trasladarlos a la Seccional policial donde se labraron actuaciones que justificaban su accionar, produciendo actuaciones que llevaron al equívoco al magistrado interviniente que avaló la intervención disponiendo la detención de los sujetos hasta pasadas las 19:00 horas del día en cuestión, permaneciendo aproximadamente doce horas privados de su libertad ambulatoria”.

En virtud de los sucesos, los fiscales pidieron la indagatoria de Mauro Radesh y Ceferino Dos Santos, en orden a los delitos de imposición de torturas, falso testimonio y privación ilegal de la libertad. También, requirieron que declaren como responsables del delito de omisión de evitar torturas José Maciel, Alberto Britez y Brian Emanuel Grandoli, quien además deberá responder por falso testimonio y privación ilegal de la libertad.