En línea con el recurso del fiscal general Antonio Gustavo Gómez,  la Cámara Federal de Tucumán, integrada por Marina Cossio, Patricia Marcela Moltini, Mario Rodolfo Leal y Ricardo Sanjuan, revocó la resolución del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción, que había dispuesto la falta de mérito de tres oficiales de la Policía provincial investigados por apremios ilegales, y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento.

El caso

El 19 de agosto de 2021, personal de la Policía de la Provincia de Tucumán realizó un allanamiento a la vivienda de la víctima de esta causa, ubicada en la ciudad de Famaillá, en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes desarrollada por el Juzgado Federal N°1 tucumano.

En esa ocasión, los efectivos policiales del grupo Especial CERO y de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) ingresaron al domicilio del hombre y lo redujeron. Para ello, de acuerdo con la pesquisa, ejercieron violencia física sobre el hombre “hasta ocasionar su desmayo” y le provocaron “fractura de tabique, politraumatismos en el cráneo y una fisura en las costillas”. Las lesiones fueron acreditadas por los médicos de la misma fuerza policial, del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) y por el médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Tras indagar a tres de los policías que fueron señalados como los responsables, el juez federal Fernando Poviña resolvió, el 12 de octubre pasado, que no existían “méritos como para ordenar el procesamiento, ni tampoco para sobreseer la conducta” de los implicados. La decisión fue recurrida, dos días después, por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Carlos Brito, y mantenida en la instancia por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción.

El recurso del Ministerio Público Fiscal

En su presentación, Gómez indicó que la decisión presentaba una fundamentación aparente y que existían pruebas que no fueron valoradas y que ameritaban el procesamiento de los tres policías.

Señaló que el juez incurrió en un error pues afirmó que no existían elementos de prueba que permitieran tener por probados los hechos denunciados cuando, de las declaraciones de la víctima, el examen médico, los dichos de los testigos presenciales y las propias declaraciones indagatorias de los policías surge “un marco suficiente para sustentar la seria probabilidad de la ocurrencia de los hechos denunciados”.

El fiscal general Gómez también recordó que “el Estado Argentino asumió frente a la comunidad internacional el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la aplicación por parte de agentes estatales, de torturas, la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder, entre otras prácticas ilícitas, que lesionan derechos fundamentales como la integridad personal (física y psíquica), la libertad, la dignidad y la vida de las personas”.

Agregó que, en el caso, se verificó “la indudable afectación de los derechos humanos de O.M.C. en su calidad de detenido. Ello así, por cuanto el damnificado fue golpeado y lastimado por agentes de Policía de Tucumán”. Asimismo, señaló que la situación “se agrava por ser, las personas imputadas, las designadas por el Estado para garantizar la seguridad física de quienes se alojan en sus instalaciones, y bajo su exclusiva responsabilidad”.

La decisión de la Cámara Federal tucumana

Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hizo lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y entendió que correspondía revocar parcialmente el fallo apelado y reenviar al juez de origen la causa para que dicte un nuevo fallo.

En tal sentido, coincidieron con el fiscal en la responsabilidad internacional comprometida en este caso. Agregaron que resultaba evidente que O.M.C. “sufrió lesiones de consideración por parte de funcionarios policiales, al momento ser detenido en el marco del allanamiento que se estaba llevando a cabo” y que, tal como señalaron los policías imputados en su declaración indagatoria, el hombre “se resistía a ser detenido y por ello debieron utilizar la fuerza para reducirlo”. Sin embargo, los y las magistradas destacaron que las lesiones que tuvo el detenido “exceden ampliamente a una medida de aseguramiento”.

Además, indicaron que, si bien, el responsable del procedimiento “no intervino en la golpiza, tampoco prohibió que la misma se llevara a cabo, incumpliendo con su deber por estar a cargo de la medida”.