La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal de la Nación participó hoy de un megaoperativo dirigido a 29 oficinas y locales a la calle del microcentro y de otras zonas de la Capital Federal donde funcionaban “cuevas” financieras y cambiarias, en el marco de una medida dirigida a desarticular organizaciones criminales dedicadas al comercio ilegal de divisas, la intermediación financiera no autorizada y el lavado de activos.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional y fueron ordenados por el juez en lo Penal Económico N°1 Ezequiel Berón de Astrada, tras un pedido cursado por la fiscal en lo Penal Económico N°7, Gabriela Ruiz Morales, en base a una investigación preliminar realizada por la Procelac.

En total, se llevaron a cabo allanamientos en 29 locales. Un centenar de efectivos dirigidos por el comandante principal de Gendarmería Nacional Hugo Miranda llegó este mediodía al microcentro en móviles de la fuerza, mientras que otro grupo -de civil- ya se encontraba operando en la zona. A ellos, se sumaron veinte profesionales del staff de la Procelac, entre abogados y contadores de todas sus áreas, quienes colaboraron y asesoraron en la recolección de los elementos de prueba durante el operativo.

La labor fue coordinada por el fiscal General a cargo de esa Procuraduría, Carlos Gonella, y el coordinador del área de Fraude Bancario y Económico, Pedro Biscay.

En 22 de los 29 allanamientos realizados, se logró secuestrar una importante cantidad de pesos y divisas, particularmente dólares estadounidenses. La cifra total aún no se pudo precisar en virtud de la demora en los trámites para su conteo. También, se halló gran cantidad de elementos de prueba indicadores de la actividad delictiva, como documentación en distinto soporte, computadoras, máquinas de contar billetes, tickets de cambio, y hasta un arma de fuego. Además, fueron identificadas 22 personas de distinto sexo que al momento de los allanamientos oficiaban como “llamadores”.

En el pedido de las medidas, la fiscal a cargo sugirió la realización de estos procedimientos en simultáneo, argumentando en base a la experiencia que "las operaciones realizadas por las denominadas cuevas financieras y cambiarias se nutren de un caudal de fondos de los que se desconocer su origen". Es decir, se trata de operaciones que no se limitan a transgresiones del Régimen Penal Cambiario, sino también a otros hechos delictivos mucho más graves asociados a la criminalidad económica, como el lavado de activos, definido de acuerdo a los parámetros del GAFI, o la intermediación financiera ilegal.