Funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), la Auditoria Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la Cancillería y el Ministerio Público Fiscal de la Nación participaron de las jornadas sobre “Registros Públicos de Beneficiarios Finales y su Vinculación con el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal”, que fueron organizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y de Lavado de Activos (PROCELAC) en conjunto con la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y contaron con la colaboración de la Fundación SES, Tax Justice Network y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.

El encuentro contó también con la participación legisladores, académicos, miembros de distintas ONG (tales como CIPCE, FTC, PXFAM)  e invitados de distintos organismos del exterior (Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá y la Unión Europea).

La actividad destinada al diálogo entre funcionarios, académicos, investigadores e integrantes de organizaciones sociales y sindicales se desarrolló en el Salón Bosch del BCRA  y tuvo como eje los compromisos asumidos por la República Argentina ante el Grupo de los 20 y el Foro Global de Intercambio de Información en materia de transparencia sobre Beneficiarios Finales.

Durante el evento, se debatió sobre la procedencia de propuestas y soluciones para que en Argentina se cree un Registro de Beneficiarios Finales, en base a los lineamientos internacionales en materia de transparencia. Así, desde diversas perspectivas, las Jornadas sirvieron para afianzar relaciones entre los distintos actores involucrados y para fortalecer las estrategias a fin de combatir el lavado de activos, la fuga de capitales y la evasión fiscal en un contexto de opacidad financiera transnacional.

Los disertantes coincidieron en que la jornada fue una experiencia enriquecedora, en la que se debatieron ideas novedosas en materia de políticas públicas y herramientas del Estado para la prevención de la criminalidad económica. También, resaltaron la importancia de trabajar en conjunto y de fortalecer los vínculos entre los diferentes organismos públicos a efectos de mejorar el intercambio de información.

La Comisión Nacional de Valores destacó que  se logró que los protagonistas directamente involucrados en distintos aspectos, áreas y jurisdicciones se conecten en un espacio reflexivo, sin la presión de la cotidianeidad ni el marco institucional propio que muchas veces encasilla o condiciona.

Por su parte, Arístides Corti señaló que la realidad jurídica y económica demanda medidas pendientes dirigidas a profundizar el desarrollo económico autónomo, la justicia social y la soberanía nacional.

Juan Valerdi, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar) advirtió que existen acciones al alcance del poder político nacional que pueden implicar inmensos avances en el conocimiento, delimitación y diseño de políticas públicas sobre la, irónicamente denominada, Economía No Observada y que no dependen de organismos supranacionales o estados externos que colaboren con datos, estrategias o sugerencias de caminos a seguir.

Nicolás Vergara, funcionario de la Inspección General de Justicia, coincidió al señalar que debemos alcanzar el desafío de lograr la centralización nacional de la información sobre el beneficiario final, a los efectos de lograr mayor eficacia en la prevención de los delitos complejos.

Diana Español, de la AFSCA, destacó la importancia de utilizar los medios tecnológicos disponibles para sistematizar la información, así como para mantenerla actualizada.

En tanto, Mauricio Alice, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, resaltó que los “Principios de Alto Nivel en materia de Transparencia del Beneficiario Final” del G-20 guardan relación directa con las gestiones que llevó adelante Argentina para combatir las guaridas fiscales en la Cumbre de Brisbane, celebrada en Australia en el año 2014. Como lo afirman los líderes del G20, aumentar la transparencia de las personas e instrumentos jurídicos es importante para proteger la integridad y la transparencia del sistema financiero mundial. Impedir el uso de tales entidades con fines ilícitos, tales como para la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de dinero, apoya los objetivos del G20 de impulsar el crecimiento.

En ese sentido, Agustín Carrara, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), remarcó que hay que reconocer los avances significativos que se han logrado en estos últimos años, a pesar de lo que queda por delante.

Andrés Knobel, de la organización Tax Justice Network, señaló que hace falta mucha más coordinación y acceso a la información en Argentina, no sólo por parte del público en general sino también entre los diferentes organismos públicos.

La Fiscal General ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, destacó que la reforma al Código Civil y Comercial no avanza sobre la creación de un Registro Único que contemple la problemática y que la nueva normativa nos pondría como nación en la posible situación  de incumplimiento respecto de la recomendación 33 del GAFI.

Guillermo E. Ragazzi y Victor Zamenfeld, coincidieron en la necesidad de darle valor e importancia a la publicidad en general y de modo especial a la que se realiza a través de los registros mercantiles. Además, criticaron la Resolución IGJ 1/2015 entendiendo que limita la publicidad, que es la esencia de la registración mercantil.

Finalmente, Martin Barciela Chambers, funcionario de Departamento de Tributación Internacional de Panamá, remarcó que existen intereses comunes en los cuales hay que cooperar y trabajar en conjunto.