Los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta -cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)- Santiago Eyherabide, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y la responsable de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, participaron en las “Terceras Jornadas Internacionales de Diálogo sobre Registros Públicos de beneficiarios finales y su vinculación con el lavado y la evasión fiscal”, realizadas el pasado 21 y 22 de junio en la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las jornadas, organizadas por la Procelac en el Salón Ernesto Bosch de la autoridad monetaria, contaron con siete paneles en los que expusieron representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, legisladores nacionales, funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA) y especialistas en la materia, del ámbito local e internacional.

Luego de la apertura, comenzó el panel sobre “La importancia de los beneficiarios finales en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos”, en el que expusieron  Ernest Urtasun, Maurice Alice, Luna Montes y Andrés Knobel  (representantes del Parlamento Europeo, la Cancillería Argentina, el GAFILAT y la Tax Justice Network, respectivamente). En sus alocuciones, los especialistas describieron los avances regulatorios a nivel de G20 y la Unión Europea, explicaron las obligaciones del GAFI para los Estados y los sujetos obligados en materia de lavado de activos, e identificaron los problemas y vacíos legales existentes en materia de beneficiarios finales. Asimismo, propusieron alternativas y el uso de la tecnología para verificar la información.

A su turno, Mariano Rentería (CNV), Sebastián Paladino (AFIP), Osvaldo Norte Sabino (ex funcionario de la IGJ) y Alejandro Ramírez (Secretaría de Emprendedores y PyMEs), describieron los regímenes informativos actuales sobre titulares de personas jurídicas ante los organismos públicos fiscales, y explicaron las características y fundamentos de las nuevas sociedades por acciones simplificadas (SAS).

Tras ello, comenzó el panel sobre “Dificultades y necesidades de obtener información sobre beneficiarios finales para periodistas de investigación. Big data e investigaciones”, en el que los periodistas Ricardo Brom (La Nación Data), Virginia Messi (Clarín), Milagros Salazar (Convoca) y Leandro Renou (LetraP) explicaron los obstáculos técnicos para procesar y analizar datos públicos y formas creativas de depurar y obtener datos para generar noticias y conocimiento. También, hicieron referencia a investigaciones específicas sobre corrupción en gastos del Senado, la construcción de autopistas en Perú, los riesgos del nuevo sinceramiento fiscal y formas más rudimentarias de obtener información en casos de narcotráfico.

Luego de un receso, se dio inicio al panel sobre “Los nuevos riesgos regulatorios y tecnológicos”. Allí, María Jose Martelo -del Ministerio de Modernización de la Nación- Bernardo Corti  -de la firma FinTech-, Gastón Bruzzo y Gabriel Fidalgo –del Ministerio de Seguridad de la Nación- abordaron los procesos de digitalización de datos para facilitar trámites del Estado, para la constitución de las nuevas SAS, al tiempo que explicaron los riesgos de anonimato o pseudo-anonimato de las cripto-monedas. En tal sentido, destacaron la importancia de la cooperación internacional para identificar a los responsables de delitos con cripto-monedas y la urgente necesidad de obtener regulación local.

El primer día del evento concluyó con las alocuciones de Gerson Schaan (Autoridad Fiscal de Brasil), Agustín Carrara (CIPCE), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Fernando Bracaccini (ACIJ), quienes centraron sus exposiciones en la operatoria del caso Lava-Jato, los obstáculos a las investigaciones de lavado de activos -incluyendo aquellas que involucran el uso de bitcoins-, y la falta de cumplimiento de la ley con respecto al financiamiento de partidos políticos.

En tanto, la segunda jornada comenzó con la alocución de Gabriel Pérez Barberá -cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)-  quien junto a Santiago Eyherabide -fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- abordó la identificación de los beneficiarios finales y la justicia. En el panel también participaron el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, y el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Rafael Barreiro.  Los expositores describieron la necesidad de obtener información sobre beneficiarios finales para las investigaciones judiciales, los obstáculos circulares para obtener información de otros organismos públicos, la falta de acceso fácil y creación de otros registros -como uno sobre concursos y quiebras a nivel federal- y los obstáculos para obtener información de registros y autoridades del extranjero.

En el séptimo panel, que cerró la actividad, la responsable de la Dirección de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación, María del Chena, los funcionarios de la Oficina Anticorrupción y el Registro de la Propiedad Inmueble, Hernán Fachal y Cecilia Hererro, respectivamente, y el abogado Tadeo Fernández, del Estudio Jurídico Beccar Varela, abordaron los mecanismos y limitaciones por los que los sujetos obligados y otros, incluyendo los abogados, identifican a los beneficiarios finales de sus clientes, y las dificultades para obtener información y poder actuar en tiempo oportuno para el decomiso de bienes relacionados a los delitos económicos. También se refirieron al cruce de información para detectar irregularidades y faltas en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, y los mecanismos actuales para obtener y compartir información entre los registros de propiedad inmueble del país entre sí y con otros organismos del Estado.