25 de mayo de 2018
25 de mayo de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fallo de la Sala I fue en línea con lo dictaminado por el fiscal Javier De Luca.
Casación revocó la absolución a autoridades de universidades acusadas de irregularidades en los fondos de la Universidad Nacional de Formosa
En la causa se investigan irregularidades en el otorgamiento de títulos universitarios. Los imputados organizaban cursos virtuales arancelados, por medio de firmas de convenios no autorizados, entre la Universidad Nacional de Formosa, el World College de Ushuaia y el Instituto Cibernos y la Escuela de Pamplona ambas con sede en Madrid, Reino de España. En su fallo, los camaristas también dispusieron que se realice un nuevo juicio respecto de los hechos por los cuales fuera elevada la causa a debate.

En línea con el dictamen del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, la Sala I de la Cámara resolvió revocar  las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal de Formosa a autoridades de diferentes universidades nacionales e institutos de enseñanza de España acusados de otorgar títulos universitarios falsos a estudiantes españoles. También dispusieron apartar del expediente a una de las juezas que participó del juicio, por verse afectada su imparcialidad, que se sortee un tribunal y se realice un nuevo debate respecto a los hechos por los cuales fuera elevada la causa a juicio. Entre los imputados se encuentra el entonces  decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), Héctor Caramelo Quijano, el ex rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNF), Carlos Dalfaro y el representante del Instituto Cibernos de Madrid, Felipe Andrés Fernández.

Se trata de diecisiete títulos de “Licenciado en Sistemas” otorgados a estudiantes españoles lo que dio inicio a la pesquisa. En el expediente se investigan giros en torno a la emisión de títulos universitarios apócrifos y a las irregularidades inherentes a la administración fraudulenta de los fondos provenientes de cursos virtuales arancelados. La maniobra ilícita realizada por los imputados consistió en utilizar a la Universidad Nacional de Formosa (UNF) para obtener fondos públicos y luego desviarlos en beneficio propio.

Los alumnos pagaban por los cursos y, pese a ello, el dinero no era ingresado totalmente a la universidad porque era desviado parcialmente al patrimonio de los imputados. Los procesados son juzgados por irregularidades en la administración de los fondos públicos que ingresaron a la universidad, tanto por los cursos arancelados dictados en España –a través del Instituto Cibernos de Madrid- y en el país en la UNF y, como por un cheque para el programa de nuevas ofertas económicas.

El expediente llego a juicio oral y público, los imputados fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal de Formosa pero el fiscal general subrogante, Luis Benítez planteó la nulidad de la sentencia por violación de la garantía constitucional del juez imparcial, en tanto fue dictada por un tribunal integrado por una magistrada que se encontraba legalmente impedida de hacerlo, impedimento que no fue puesto en conocimiento de las partes, y fue ocultado al Ministerio Público Fiscal. El representante del MPF planteó subsidiariamente  que el tribunal valoró a la prueba de manera arbitraria.

El fiscal de casación Javier De Luca solicitó que se haga lugar al recurso presentado por su par argumentando  que “el temor o sospecha de parcialidad se vincula a la labor del juez o tribunal, previa al dictado de la sentencia; para determinarlo, no se requiere una evaluación e los motivos que impulsaron al juez a dictar ciertos actos procesales”, alcanza con que su opinión marque una tendencia del proceso  para que quede marcada la causal. En este sentido, el fiscal De Luca sostuvo que la magistrada configuró ese supuesto derivado de su actuación como jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia en legajos relativos a cuestiones que, precisamente, constituían el objeto del juicio de la presente causa. Por ello, solicitó que se inhiba a la magistrada Denogens en la presente causa, se invalide los actos de la misma desde su designación y se designe un tribunal para que realice un nuevo debate.

Imparcialidad

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió apartar del conocimiento de la causa a la jueza María Delfina Denogens y que se sortee un tribunal para que lleve adelante un nuevo debate respecto a los hechos por los cuales fuera elevada la causa a juicio.

Oportunamente, el fiscal general subrogante Luis Benítez planteó la nulidad de la sentencia dictada por el tribunal de Formosa, acusando que se encontraba afectada la imparcialidad de la magistrada Denogens.  Según el representante del MPF, la jueza  intervenía - como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco- en seis expedientes cuyos objetos procesales estaban “íntimamente vinculados” al objeto de la investigación de la presente causa, y en efecto estaba afectada su imparcialidad.

Tanto Benítez como las querellas indicaron a los jueces –durante el debate- que la Cámara de Apelaciones, integrada por la jueza Denogens, había dictado una medida cautelar –en otro expediente-  por la cual se otorgaba “validez” a los títulos extendidos por la Universidad Nacional de Formosa a los damnificados de nacionalidad española. Sin embargo, el tribunal decidió cerrar el debate, absolver a los imputados  y refirió que “no existen en esta ´agencia´ registro de causas que tramitan ante otros tribunales” y de persistir el interés del MPF y las querellas deberán recurrir a la mencionada cámara para destraba la inquietud.

El fiscal general subrogante Benítez se constituyó ante la cámara de apelaciones y constató que la magistrada “no solamente intervino en seis expedientes donde se debatían cuestiones que constituían el objeto procesal del juicio penal: en dos de ellos se encontraban vigente la cautelar que asignaba validez a los títulos otorgados a diecisiete ciudadanos españoles, y en los otros se analizaban cuestionamientos efectuados por los imputados Dalfaro, Quijano y Seminara en relación a las resoluciones de la Universidad que los declararon cesantes. No sólo eso sino que, además los actores eran los mismos: los funcionarios imputados Quijano, Dalfaro y Seminara, los diecisiete alumnos damnificados y el Instituto Cibernos de España”.

Las absoluciones del Tribunal

El 29 de julio de 2016, el Tribunal Oral Criminal Federal de Formosa resolvió absolver a Carlos Dalfaro y Héctor Quijano acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de falsificación material e ideológica de instrumentos públicos, peculado, estafa y otras defraudaciones; a Roberto Seminara acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, peculado, estafa y otras defraudaciones; a Isabelino Idoyaga, Eladio Castro, Jorge Gorosito y Rubén Espíndola imputados por fraude y peculado, y sólo a los tres primeros también por estafa.