El Tribunal Oral Federal N°3 dictó hoy condenas de hasta cuatro años de prisión para los ex funcionarios del Ministerio de Economía acusados de intentar beneficiar al grupo empresario Greco en perjuicio de los intereses del Estado, por un importe estimado en 332 millones de pesos a cobrar en bonos de consolidación. En el debate oral y público desarrollado en los tribunales federales de Retiro, intervinieron los fiscales Stella Maris Scandura, Diego Velasco y Juan Manuel Gaset, como ad-hoc.

La pena más alta fue para el ex subsecretario Legal de esa cartera del Poder Ejecutivo
Nacional Osvaldo Siseles, a quien los jueces Jorge Humberto Gettas, Miguel Guillermo
Pons y Fernando Ramón Ramírez le impusieron cuatro años de prisión. En tanto que la ex
directora general de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink fue condenada a tres años de ejecución
en suspenso; el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados Daniel García, a dos
años y ocho meses, y la ex abogada de la Dirección de Asuntos Judiciales Beatriz Pernas, a dos
años y seis meses. Además, todos fueron inhabilitados a ejercer cargos públicos en forma
perpetua.

En tanto, el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la
Dirección General de Administración Juan Cayetano Intelisano fue absuelto, ya que la
fiscalía no lo acusó durante su alegato realizado en febrero. En la exposición, los
fiscales habían hecho hincapié en que se trató de un caso de corrupción en el que los
acusados abusaron de la posición que tenían al desempeñar sus cargos, fallando al deber
de cuidado de los intereses de la sociedad.

El juicio comenzó en septiembre del año pasado y durante el transcurso de las audiencias
declararon alrededor de 45 testigos, entre ellos los ex ministros de Economía Roberto
Lavagna y Felisa Miceli. La Oficina Anticorrupción intervino como querellante. En su
veredicto, el tribunal no hizo lugar al planteo de nulidad interpuesto por la defensa de
Siseles e informó que los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 7 de mayo.

El convenio y el inicio de la causa

El Grupo Greco era un conglomerado de empresas relacionadas con la industria
vitivinícola. En 1980, luego del vaciamiento y caída del Banco de Los Andes (relacionado
con el Grupo), el gobierno de facto dictó una serie de leyes que ordenaron intervenir el
conglomerado. Los titulares fueron encarcelados y liberados en 1984, lo que originó un
reclamo de su parte hacia el Estado.

En agosto de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se firmó un convenio en donde
Greco acordó ceder al Estado Nacional un número de empresas a cambio de restituir el
paquete accionario de otras sociedades que habían sido intervenidas. El pacto fue
aprobado por decreto y homologado luego judicialmente. El convenio nunca se cumplió, por
lo que en noviembre de 1991 los representantes del Grupo promovieron una acción judicial
que recayó en la justicia civil y comercial federal.

En un primer momento, ambas partes reclamaron “existencias de acreencias a su favor”.
Durante los ’90, se formó una comisión asesora para intentar llegar a un acuerdo.
Finalmente, el 28 de diciembre de 2001 el juez Francisco de Asís Soto estableció que el
Estado y los empresarios debían determinar el monto de indemnización por daños y
perjuicios.

La resolución fue apelada por María Eugenia Martínez, en aquel momento apoderada del
Ministerio de Economía, quien rechazó los 541 millones de dólares pretendidos por Greco y
realizó la liquidación que le correspondería cobrar al Estado: 547 millones de pesos.
Para la funcionaria, lo solicitado no tenía “ningún rigor científico y jamás fue
considerado por el Estado ni por el juzgado interviniente”.

A partir de ese momento, todas las actuaciones fueron en línea a rechazar cada una de las
presentaciones del Grupo y con el objetivo de lograr una indemnización favor del Estado,
basadas en todos los créditos pagados pagados en subrogación, es decir, en lugar de
Greco. Pero a principios de 2004 fue nombrada una nueva apoderada: Beatriz Pernas.

Las maniobras

Durante 2004 se realizaron audiencias conciliatorias fijadas por el juez, en las que
participó Pernas y los abogados de los empresarios. El intercambio de opiniones no fue
volcado en ninguna de las actas realizadas y a partir de ese momento “se cambió la
estrategia del expediente”. García, en abril de 2005, presentó un escrito donde se
desdijo completamente de lo sustentado en interés del Estado.

“A partir de la intervención de Pernas y García, la situación del proceso varió
sustancialmente”, sostuvo el fiscal Miguel Osorio durante la instrucción, quién explicó
que de debatirse cuáles eran las deudas de ambas partes se pasó a discutir exclusivamente
el valor de lo propuesto por el Grupo. En diversas presentaciones, se utilizó
documentación (del Tribunal de Tasaciones, por ejemplo) a pesar de que las propiedades no
estaban identificadas en cuanto a pertenencia o titularidad del Grupo.

En mayo de 2005, en un escrito firmado por García y aprobado por Eggink y Siseles, se
resumió: “por razones de economía procesal y a fin de evitar futuras incidencias
derivadas de sucesivas impugnaciones, venimos a practicar liquidación de las sumas
pretendidas por la actora”. Luego de una serie de reformulaciones, en agosto de 2005 se
decretó el pago por parte del Estado de 332 millones en bonos de consolidación.

Para Osorio, Pernas, García, Eggink y Siseles incumplieron con los cargos que les fueron
asignados y procuraron un “beneficio indebido” para el grupo empresarial, “obligando
abusivamente al Estado y comprometiendo los intereses patrimoniales”. Concretamente: el
Estado pasó de reclamar 500 millones de pesos y alegar que no tenía ningún tipo de deuda
a consentir una decisión que lo obligaba a desembolsar 332 millones, en función de
documentación acompañada unilateralmente por los abogados de Greco.

A fines de junio de 2006, se informó que el presupuesto aprobado no alcanzaba a cubrir
las sumas acumuladas. El Poder Ejecutivo envió, entonces, un proyecto de ley al Congreso
Nacional para ampliar en 1300 millones de pesos el importe de bonos para la “cancelación
de diversos pasivos originados en 2006”.

Si bien el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en Senadores contó
con oposición de algunos de los miembros. Tras ello, se abrió un sumario contra los
acusados y se revocaron todos los actos.

A la espera del veredicto

El expediente que tramita en el fuero civil y comercial federal en el que las partes
reclaman montos para sí estaba paralizado a la espera de lo que ocurriera en el juicio
penal.