El fiscal federal Franco Picardi impulsó ayer la acción penal e imputó a los empresarios Edgardo Nicolás De Gracia y Darío César Ventimiglia, de la firma Telespazio Argentina SA, en una causa en la que se investiga el presunto pago de coimas en 2010 a funcionarios políticos de la República de Panamá para la instalación, mantenimiento y financiamiento del sistema de cartografía digital en ese país. El representante del Ministerio Público Fiscal dio curso a una investigación preliminar iniciada por los fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, que fue presentada ante la Cámara Federal el 2 de agosto pasado.

En su dictamen, Picardi reseñó que el gobierno panameño firmó tres contratos con tres empresas que forman parte del grupo económico italiano Finmeccanica SPA. Uno de ellos fue suscripto con la compañía local Telespazio Argentina SA. La contratación data de agosto de 2010 y preveía el pago de 15.765.875,01 euros. “Ahora bien, se ha denunciado que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, habría recibido beneficios económicos por la adjudicación de estos contratos. En efecto, los firmantes le habrían entregado dinero disfrazado de ‘comisiones’, por sumas equivalentes a un 10% del monto de la contratación”, continuó el fiscal federal.

En dicha maniobra habrían participado también el ex ministro de obras públicas del país caribeño Federico José “Pepe” Suárez” y los empresarios italianos Valter Lavítola y Paolo Pozzesere. Tanto en Italia en Panamá como se iniciaron expedientes judiciales para investigar los hechos; el ex mandatario Martinelli Berrocal “registraría seis casos por corrupción en su contra”.

Sin embargo, “este resonante caso de cohecho que involucra individuos y personas jurídicas con asiento en diversas jurisdicciones, la presunta participación de la empresa TELESPAZIO ARGENTINA SA y sus responsables, no habría tenido tratamiento judicial alguno”, advirtió Picardi. “Los agentes de la PROCELAC practicaron una serie de medidas que permitieron circunscribir el caso y corroborar extremos que, adelanto, avalan considerar -en este estado del proceso-, la existencia de elementos suficientes para dar inicio a una investigación penal”, agregó. Los elementos recabados hasta el momento hacen presumir “la existencia de hechos delictivos que podrían encuadrarse en el delito de cohecho trasnacional, contemplado en el artículo 258 bis del Código Penal de la Nación”.

La participación de Telespazio Argentina SA en la operatoria

En virtud del contrato suscripto el 24 de noviembre de 2010, Telespazio Argentina SA habría abierto una sucursal en Panamá. Junto a las demás empresa “subsidiarias” habrían abonado las coimas “simulando pagos de comisiones a la firma Agafia Corp. por su presunta actuación de agente comisionista en la ejecución del contrato”, indica el dictamen. Agafia es una sociedad panameña que se constituyó en 2010, un mes y medio antes de que se suscribieran las contrataciones entre el Estado panameño y las compañías del grupo Finmeccanica.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que De Gracia habría sido el presidente y CEO de Telespazio Argentina SA al tiempo de los hechos. “En lo que a su intervención en la maniobra respecta, sumado al cargo de jerarquía que revestía, se detectó que realizó múltiples movimientos migratorios desde y hacia Panamá entre los períodos 2010 y 2015, además de gastos típicos de representación de dicho país -hoteles, gastronomía, etc.- a través de tarjetas de crédito corporativas”. En cuanto a Darío César Ventimiglia, fue sindicado como “interviniente en el presunto esquema defraudatorio, puesto que el nombrado habría integrado el directorio de la compañía al tiempo de los hechos y habría efectuado viajes a la República de Panamá”.

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que tanto la compañía argentina como De Gracia fueron objeto de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) “por operaciones que involucran la suma de USD 209.273 ($952.192)”. Además, no se descartan sobreprecios para las obras, en comparación a los montos abonados por otros países como Costa Rica o Paraguay.

Por último, en el escrito presentado ante Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, Picardi solicitó la producción de una serie de medidas de prueba, entre las que se incluyen pedidos de información a Panamá, Italia, al Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, la AFIP, el Banco Central, la Oficina Anticorrupción (OA) y la UIF; la citación a brindar declaraciones testimoniales y el relevo de registros telefónicos, entre muchas otras diligencias.