El fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico, Abel Córdoba, solicitó ayer en su alegato la detención inmediata y ocho años de prisión para el ex principal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Fernando Bravo, acusado de haber anunciado a uno de los sospechosos de integrar una organización narcocriminal que era investigada por el posible contrabando de un cargamento de 500 kilos de cocaína y por la venta en la Ciudad de Buenos Aires. En el juicio oral que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py, nueve personas están imputados por tráfico de estupefacientes agravado por haber sido realizado en forma organizada.

El fiscal, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), pidió además ocho años de prisión para Juan Carlos Borda León y para Horacio Carpena; siete años para Carlos Hugo Paino, Juan Luis Yazbek y Gabriel Pressavento; seis años para Patricio Carpena y Víctor Álvarez, y cuatro años para Cristian Ray. El único que no fue considerado por la Fiscalía como coautor es Ray, para quien Córdoba quien solicitó que la nueva calificación sea partícipe secundario.

También, dio por acreditado que existía una organización activa dedicada a actividades ilícitas y que “en todo momento hubo una investigación vigente”. Además, agregó que se trató de una “organización informal que se dedicó a la actividad” de sustancias ilícitas y que para llevar adelante estas tareas, se necesitó de “una pluralidad de actores".

Por otro lado, el representante del MPF resaltó que Bravo formó parte del estamento de esa banda y recordó que, al momento de los hechos, era funcionario público. “Eso es un agravante especifico”, que la fiscalía tuvo en cuenta para pensar en la “calificación más adecuada para la plataforma fáctica del juicio”. Además, señaló que el ex policía, para ese entonces, tenía personal a su cargo, era un especialista en temas de narcotráfico, era una persona instruida y tenía un claro conocimiento de la pluralidad de la organización.

Además, Córdoba solicitó que no se consideren los antecedentes penales de uno de Carlos Paino "ya que la reincidencia es inconstitucional, vulnera los principios constitucionales del proceso penal e implicaría multiplicar los efectos punitivos de conductas por las cuáles ya se cumplieron las penas legales previstas". También, consideró que no debe considerarse como un delito la tenencia de plantas de marihuana en domicilios de algunos imputados: "como eso no lesiona el bien jurídico 'salud pública' sino que se relaciona con ámbitos privados de las personas, sin lesividad no hay delito, por lo tanto, y aplicando el precedente Arriola de la Corte Suprema de Justicia", requirió que no se consideren esos secuestros analizar las responsabilidades.

Por último, subrayó que Cristian Ray llevaba tres años de prisión preventiva y la pena que se le pidió fue de cuatro, por lo que pidió que, ante ese tiempo en encierro sin condena, cese la privación de la libertad preventiva y que se lo excarcele.

La causa se inició a partir de la noticia formal brindada por un representante de las fuerzas especiales de Ucrania, que motivó que la investigación recayera en una presunta organización criminal integrada por personas de nacionalidad rusa y ucraniana que se habrían dedicado al tráfico de estupefacientes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En su requerimiento de elevación a juici, el fiscal federal Federico Delgado explicó que una vez chequeados como “veraces” los hechos denunciados, se propuso la intervención de las líneas telefónicas, de lo que surgió que la banda estaba integrada “por una gran cantidad de miembros y una estructura compleja con ramificaciones de alcance internacional (España, Holanda, Ucrania y Rusia)”.

Se trata de una organización narcocriminal que se habría dedicado a la comercialización de estupefacientes y otras conductas desde octubre de 2011 hasta fines de octubre de 2012. Para llevar adelante la actividad, habrían desplegado un mecanismo complejo que implicó la utilización de medios económicos, sustancias estupefacientes, teléfonos celulares y elementos necesarios para el tráfico y acondicionado de la droga – balanzas de precisión, bolsas de nylon, selladores, documentación falsa, armas-.

Durante la instrucción se realizaron varios allanamientos a diferentes domicilios en los que vivían los acusados. En los procedimientos, se secuestraron unas 6000 pastillas de éxtasis, drogas de diseño y miles que tenían una sustancia tóxica (clorofenilpiperacina), incluida desde 2015 en el listado de drogas prohibidas, pero que al momentos de los hechos ya lo estaban en Brasil y España, que fueron dos países de referencia constante en las actividades de la organización. Además, se halló cocaína, marihuana -capullos, flores y plantas-, hongos psolocibe y dinero en pesos, dólares, reales y euros.

El Tribunal Oral Federal N°6 a cargo de José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes próxima para comenzar con los alegatos de las defensas.