El fiscal Federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, ordenó una serie de medidas probatorias con el fin de esclarecer lo ocurrido con casi dos millones de pesos recibidos por el Partido Socialista para las elecciones nacionales de 2007 y que no pudieron justificar. En su escrito, el representante del MPF destacó que los ejercicios en donde figuraba esa suma “fueron desaprobados por el juez interviniente y, en su consecuencia, el magistrado resolvió sancionar al partido con la pérdida de los aportes que le fueron asignados para las campañas de elecciones presidencial y legislativa del año 2007”.

Frente a eso, Rodríguez puntualizó que la imputación debe circunscribirse a: “1) la imposibilidad de acreditación del origen y destino de los fondos partidarios correspondientes al ejercicio anual patrimonial del año 2007 del Partido Socialista, que guarda vinculación con los estados contables desaprobados en el ejercicio anterior, y 2) la dación, aceptación y recibimiento de contribuciones prohibidas expresamente por ley”.

En ese sentido, destacó que el PS no subsanó las observaciones formuladas por León Derhovsepian, integrante del Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral. En su momento, el perito había realizado “un análisis pormenorizado a lo largo de su dictamen, del que se desprende la falta de inclusión de gastos de propaganda, y la ausencia de inclusión de gastos informados por terceros que fueron circularizados por el Tribunal; además de haber detectado varios aportes expresamente prohibidos por la ley”, añadió en el escrito.

En lo relativo a los ingresos privados, Rodríguez destacó que se cuestiona el que había sido señalado por el Partido por un total de $ 1.879.207, 07, “ya que no cuenta con su documentación respaldatoria, y de entenderse como tal a la lista aportada bajo el título ‘Aportes partidarios 2007’, ello acreditaría una cifra menor y no coincidente con la anterior ($ 781.907, 07)”. También, se cuestionan ingresos percibidos que encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la normativa vigente, “esto es la aceptación y recibimiento de contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas por un lado, y de asociaciones sindicales, patronales y profesionales por el otro”, agregó el fiscal.

Sobre ese punto, el fiscal explicó que en la causa constaban los siguientes aportes que estarían subsumidos en las prohibiciones dispuestas por la ley (artículo 15, incisos c y h de la ley 26215): “1) la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario por la suma de diez mil pesos ($10.000); 2) la Asociación de Cooperativas Argentinas CL, por el monto de cinco mil pesos ($5.000); 3)- la Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje por seis mil pesos ($6.000); 4)- la empresa Terminal Puerto de Rosario S.A., por la suma de once mil pesos ($11.000). 5) la firma VFM S.A., por el monto de quince mil pesos ($15.000). 6) la firma Monticas S.A., por la suma de diez mil pesos ($10.000); y 7) la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos por el importe de treinta mil pesos ($30.000)”.

Por último, el representante del MPF destacó que en la causa también se cuestionaba “la no incorporación de documentación respaldatoria de una presunta deuda que la Consultora Arcadia S.A. mantendría con el Partido y que ascendería a $73.596,18, la cual no fue informada por la agrupación política al momento de presentar sus estados contables correspondientes al ejercicio finalizado en fecha 31/12/2007, debido a que se registró el gasto en función de los pagos realizados en lugar de hacerlo respecto a las facturas recibidas; ni surge dicho crédito ajustado en ejercicios posteriores”.

Calificaciones y pruebas

Rodríguez especificó que los hechos, en principio, resultan jurídicamente calificables como falta de acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos, por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de campaña (artículo 63, inciso b, de la ley 26215), entre los cuales en ese momento aparecerían Hermes Binner y Miguel Liftschitz. También, se encuentran investigados por “aceptación y recibimiento de contribuciones prohibidas expresamente por ley en lo que se refiere a los responsables partidarios por un lado (art. 66 en función del 15 incisos ‘c’ y ‘h’ de la misma normativa); y por el otro las personas físicas o jurídicas que las efectuaron, es decir: la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario, la Asociación de Cooperativas Argentinas CL, la Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje, la empresa Terminal Puerto de Rosario S.A., la firma VFM S.A., la firma Monticas S.A. y la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos”.

Por esto, Rodríguez dispuso una serie de medidas que buscan, en primer lugar, identificar a quienes ejercieron el cargo de presidente y tesorero del Partido Socialista y responsable político y económico financiero de campaña, durante el período 01/01/2007 al 31/12/2007. Por otro lado, pretender dilucidar quiénes son los responsables de las personas jurídicas que habrían realizado los aportes y si “se encuentran comprendidas como: a) empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires, o en su caso; b) asociaciones sindicales, patronales y profesionales”.