28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El juez Bonadío no había hecho lugar al pedido del fiscal
Talleres textiles: el fiscal Leonel Gómez Barbella apeló solicitando ampliar indagatorias en una causa por posible trata de personas
En el escrito de apelación, el representante del MPF consideró que la resolución del juez genera un “gravamen” para el Ministerio Público ya que no le permite ejercer su acusación en contra de los imputados.

El fiscal federal Leonel Gómez Barbella apeló la decisión del juez federal Claudio Bonadío, en la que había resuelto no hacer lugar al pedido de ampliación a indagatoria a dos personas dueñas de un taller textil ubicado en el barrio porteño de Boedo. El fiscal explicó que los imputados están procesados sólo por “facilitación de permanencia ilegal de extranjeros” y deberían ser interrogados nuevamente porque habrían acogido a las personas con fines de explotación. Las 16 víctimas trabajaban en condiciones de hacinamiento e insalubridad por un salario que rondaba entre los 1800 y 3000 pesos.

El representante del Ministerio Público explicó en su recurso que existen pruebas suficientes para abordar la posibilidad de que los imputados hayan ofrecido, captado, recibido o acogido a las víctimas con fines de explotación dentro del territorio nacional. En ese sentido, refirió que no se puede pasar por alto el informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y  Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que concluyó que en el lugar existía una situación de “explotación laboral sufrida por los trabajadores”, además del salario escaso o nulo, largas jornadas laborales, restricciones de salidas del lugar de trabajo, alimentación, falta de higiene, entre otras cuestiones.

Sobre la resolución del juez federal, el fiscal entendió que genera un perjuicio que causa un serio “gravamen” para el Ministerio Público, ya que no le permite ejercer la acusación en contra de los imputados. La Fiscalía contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo.

Repasando el caso

Las dos personas ya habían sido procesadas por el juez Claudio Bonadio por encontrarlas, en principio, “coautores penalmente responsables del delito de facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener un beneficio económico”. Sin embargo, Gómez Barbella consideró que deberían volver a ser interrogados porque su conducta encuadraría en lo previsto en la ley de trata de personas (N°26842).

Durante la mañana del 24 de octubre de 2013, la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas realizaron un allanamiento en el taller ubicado en la calle Metán, en el barrio porteño de Boedo. Durante el procedimiento, se rescató a 16 personas de nacionalidad paraguaya y boliviana, de las cuales cuatro estaban en una situación migratoria irregular.

Las víctimas vivían en el lugar de lunes a viernes y sufrían un control continuo tanto sobre las actividades laborales como sobre las asociadas a la vida cotidiana vinculadas al descanso, alimentación, higiene y recreación. En lo que respecta a las condiciones habitacionales, el lugar contaba con infraestructura deficiente: falta de ventilación, calefacción e higiene; falta de mantenimiento y seguridad; instalaciones eléctricas precarias; escasez de sanitarios; habitaciones de pequeñas dimensiones donde dormían varias personas juntas,

“14 horas diarias de trabajo”

Las jornadas laborales, según recabaron los organismos que intervinieron en la investigación, habrían excedido los límites establecidos por la legislación laboral: llegaron a alcanzar las 14 horas diarias. A ello, se sumaba que los salarios no eran acordes a la cantidad de horas trabajadas ni alcanzaban las cifras establecidas como salario mínimo, vital y móvil, datos que según Gómez Barbella “evidencian la explotación laboral sufrida por los trabajadores”.