Esta mañana, en la sala AMIA de los juzgados federales de Comodoro Py, el fiscal general Fernando Arrigo solicitó las penas para los 28 imputados por la tragedia ferroviaria ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento chocó contra un dispositivo de contención del andén 2 de la estación Once y provocó la muerte de 52 personas y más de 700 heridos. El representante del Ministerio Público pidió a los jueces que condenen a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (a quién se le unificó el pedido a raíz de una sentencia previa en suspenso de seis meses de prisión) y Juan Pablo Schiavi. En el caso de Jaime, Arrigo requirió 11 años, mientras que para Schiavi diez años y diez meses , ambos por el delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con el estrago culposo agravado. En tanto, que para el maquinista Marcos Córdoba el representante del MPF postuló tres años y ocho meses de prisión por considerarlo autor penalmente responsable de estrago culposo agravado.

En relación a los empresarios Cirigliano, el fiscal general solicitó que Sergio sea condenado a diez años y once meses de prisión y Mario a diez años y seis meses -ambos, también, por defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con estrago culposo agravado. Por el mismo tipo penal, Arrigo requirió que los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro sean condenados a diez años y seis meses y a diez años, respectivamente.

El representante del Ministerio Público Fiscal, explicó los atenuantes aplicados al motorman entre los cuales consideró su educación (secundaria completa), las costumbres y conductas precedentes del sujeto y su situación socio-económica, ya que en el legajo socio-ambiental del conductor se advierte la dificultad para ganarse el sustento propio. “Ello permite establecer (o inferir) una reducción en su capacidad de autodeterminación, y así, la aceptación del modo de trabajo en TBA bajo el riesgo de quedarse sin empleo”, subrayó. Además, destacó la ausencia de antecedentes del acusado.

Asimismo, al momento de la acusación contra Schiavi y Jaime resaltó que deben ser examinadas con rigurosidad, no sólo debido a que del fiel cumplimiento de sus obligaciones dependía “la satisfacción de intereses superiores”, sino también por cuanto todo desvío o abuso funcional resultaba un quebrantamiento a la confianza pública que la actividad estatal debe merecer. El fiscal puntualizó en que Pedro Ochoa Romero, Antonio Sícaro, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, como funcionarios públicos y de acuerdo a sus roles “debían proteger los bienes del Estado y velar por la seguridad en el transporte que ampara nuestra sociedad. Y en ese orden, sus actividades se encontraban indisolublemente ligadas al bienestar de toda la sociedad, lo cual definitivamente irrumpieron”.

Además, consideró que no puede obviarse la condición jerárquica de los funcionarios que los coloca en un “mínimo nivel de vulnerabilidad” de ser captados por el sistema penal, sino que además le dio la opción de “una alta capacidad y posibilidad de evitación del quebrantamiento de la norma, es decir, un amplio nivel de autodeterminación, sin perjuicio de lo cual, todo ello no se vio reflejado con sus conductas”,

Otros pedidos de penas

El Ministerio Público Fiscal solicitó también que se condene a ex empresarios y funcionarios de TBA por defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con estrago culposo agravado a Roque Cirigliano, Jorge Álvarez, Carlos Ferrari, Sergio Tempone, Guillermo D´Abenigno y Jorge de los Reyes a la pena de diez años y seis meses; a Daniel Rubio, Rubén Lopardo, Pedro Ranieri, Luis Ninoná a diez años y cuatro meses; a Oscar Gariboglio, Carlos Pont Vergés, José Doce Portas, Francisco Pafumi, Víctor Eduardo Astrella a diez años y cinco meses, y a Marcelo Calderón a diez años y siete meses. Finalmente, a Antonio Suárez y a Laura Ballesteros a nueve años y cuatro meses y a Daniel Lodola a nueve años. Todas de cumplimiento efectivo.

En tanto, a Miguel Werba y a Carlos Lluch, quienes también cumplían roles jerárquicos en la ex concesionaria del Ferrocarril Sarmiento, la Fiscalía postuló que se los absuelva de culpa y cargo por el delito de estrago culposo agravado. Sin embargo, Arrigo pidió que se condene al primero de ellos a tres años de prisión en suspenso por considerarlo partícipe necesario en el delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta, y en el mismo sentido a Lluch a cinco años y nueve meses.

Para todos los imputados, el representante del MPF requirió inhabilitación de entre dos y diez años, tal como establece el artículo 20 bis del Código Penal.