23 de marzo de 2017
23 de marzo de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La audiencia será el próximo 27 de agosto
Citaron a indagatoria al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca
A pedido de los fiscales Nebbia y Palazzani, el juez Ramos Padilla convocó a Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia, quien está acusado de haber integrado la Triple A, en momentos en que el grupo paraestatal tenía una activa participación en la represión ilegal contra estudiantes y gremialistas locales.

En el marco de la investigación sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Bahía Blanca, el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla citó a prestar declaración indagatoria al actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti. El magistrado, quien deberá presentarse el próximo 27 de agosto, está acusado de haber integrado la Triple A -conjuntamente  con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

La decisión judicial va en línea con lo requerido por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia, quienes habían solicitado la investigación de un grupo de civiles acusados de conformar una asociación ilícita con el objetivo de llevar adelante la “erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

En efecto, en abril los representantes del Ministerio Público pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado inmediatamente anterior al golpe del 24 de marzo, “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantes”.

Los fiscales sostuvieron que todos los casos bajo estudio evidencian “los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de  un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, siendo su carácter más notorio la actuación de grupos paraestatales, “bajo la dirección de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal”. En ese marco, hace unos 20 días, Palazzani y Nebbia pidieron la indagatoria del actual camarista federal.

Al fundamentar la citación a indagatoria sobre Montezanti, Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos contra un ex militante de la Juventud Peronista que se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca.

A mediados de 1977, la víctima -que también desarrollaba actividades sociales en el Barrio 17 de Agosto- fue secuestrada de su ámbito de trabajo y trasladada al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde padeció torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometida. Su testimonio en la causa ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

Entre las pruebas reunidas por los representantes del Ministerio Público Fiscal sobresalen los antecedentes de Montezani como perteneciente al Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 desde 1980, donde –según consta en el legajo remitido por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa- prestaba funciones con el grado A-1, “asesor universitario”. Más aún, quien avaló su ingreso al Destacamento fue nada menos que José Osvaldo Riveiro, el ex integrante de la Triple A condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad ejecutados en el marco de la Operación Cóndor y actualmente prófugo de la justicia argentina.

No casualmente, al momento de respaldar la postulación del actual titular de la Cámara Federal de Bahía Blanca como agente de inteligencia, Riveiro aseguró conocer a Montezanti desde 1975 –época en que se encontraba en pleno funcionamiento la Triple A- agregando que ese conocimiento era “en profundidad y con el tiempo y asiduidad de trato suficiente para avalar sus condiciones morales, ideológicas y familiares”.

Por otra parte, son múltiples los testimonios que identifican al actual magistrado como el hombre “de traje y corbata” que charlaba amistosamente con el grupo de “matones” que el 26 de agosto de 1974, a punta de pistola, copó la Universidad Tecnológica Nacional para rechazar el nombramiento de un nuevo decano y, en su lugar, sostener la permanencia en el cargo de Emilio Garófoli, hombre afín a la derecha peronista.

El diploma de Suárez Mason

A mediados de la década de 1980, Montezanti patrocinaba legalmente a docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que habían sido cesanteados por no haber accedido en forma legítima a sus cargos durante la dictadura. El entonces apoderado de la UTN, Juan Pedro Tunessi, acudió a una reunión al estudio jurídico de Montezanti con el objeto de abordar cuestiones legales de los ex docentes. Según consta en su testimonio obrante en la causa N°1457/04, al encontrarse en la sala de espera, vio “un diploma enmarcado que colgaba de la pared de una ‘Liga Anticomunista Argentina’ o algo así y que se encontraba firmado por Suárez Mason”.

Medidas

En su resolución, Ramos Padilla aseveró que “en especial el grupo de personas involucradas desarrolló sus actos en ámbitos estudiantiles de la Universidad del Sur y la UTN, y gremiales, al menos en ésta ciudad de Bahía Blanca, llevando adelante actos de intimidación, violencia y homicidios”. Entre estos últimos, se cuenta el asesinato del estudiante de Ingeniería y militante de la Federación Juvenil Comunista, David Hover Cilleruelo, de 23 años, ultimado a balazos en la sede de la Universidad Nacional del Sur (UNS). De acuerdo al relato de los fiscales, el 3 de abril de 1975, frente a una gran cantidad de alumnos, Cilleruelo fue abordado por un grupo de integrantes de “la patota contratada por el rector interventor” Remus Tetu, uno de cuyos miembros disparó directamente sobre la víctima.

Otro caso que integra la investigación tuvo lugar el 22 de septiembre de 1974, cuando un grupo de civiles encapuchados secuestró en su domicilio a Luis Jesús García, trabajador de 18 años que se desempeñaba como obrero en la empresa constructora Interamerican en Ingeniero White, en donde había sido designado delegado. Era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Su cuerpo apareció horas después en un camino de tierra.

En el marco de la investigación, la Policía Federal ya detuvo en mayo pasado a Héctor Oscar Chisu, de 63 años, por su responsabilidad en crímenes del terrorismo de Estado entre 1974 y 1975, mientras se desempeñaba como parte del personal de seguridad de la Universidad Nacional del Sur. Sindicado como miembro de la Triple A, Chisu fue imputado por los fiscales de haber conformado “una asociación para la comisión de delitos constitutivos de lesa humanidad, como parte de un plan sistemático y generalizado de eliminación de opositores políticos". Esa asociación ilícita, indicaron los fiscales, estuvo dirigida en calidad de jefes y organizadores por el entonces diputado nacional y secretario de la CGT bahiense, Rodolfo Antonio Ponce, y por el entonces rector de la UNS, Remus Tetu.