Esta mañana, el juez federal de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla dispuso la prohibición de salida del país a quien hasta la semana pasada se desempeñaba como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, con el fin de asegurar su comparecencia a prestar declaración indagatoria en la causa que lo tiene como imputado por crímenes de lesa humanidad. Desde el 10 de septiembre pasado, el plenario del Consejo de la Magistratura decidió la apertura del procedimiento de remoción y ordenó la suspensión como juez del imputado.

La decisión judicial va en línea con lo requerido por los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca.

Montezanti está acusado de haber integrado la Triple A -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.

En su pedido ante el juez, los representantes del MPF señalaron que el magistrado suspendido no había concurrido a “ninguno de los llamados a prestar indagatoria que le fueran formulados. En la primera ocasión invocó motivos funcionales -pese a lo cual se lo citó fuera del horario judicial-, en segundo lugar adujo supuesto reposo por gripe -circunstancia que no le impidió adoptar múltiples resoluciones en su función de Juez de Cámara-, y por último no concurrió al último llamado invocando supuesta falta de seguridad para el acto y la necesidad de que previamente declaren dos testigos”.

En este sentido, Nebbia y Palazzani también remarcaron que los problemas suscitados en torno a la notificación del causante, “todo lo cual, demostraría serios obstáculos al avance de la causa y la reticencia del imputado a someterse voluntariamente al proceso”, sumado a que “la decisión del Consejo de la Magistratura intensifica los riesgos procesales que tiene al imputado por graves delitos de lesa humanidad en libertad, por lo que se deberían adoptar las medidas necesarias para neutralizar los mismos”.

Por su parte, Ramos Padilla, al dar curso al pedido, volvió a reseñar que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a la vinculación de Montenzanti con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos contra un ex militante de la Juventud Peronista que se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca.

A mediados de 1977, la víctima -que también desarrollaba actividades sociales en el Barrio 17 de Agosto- fue secuestrada de su ámbito de trabajo y trasladada al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde padeció torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometida. Su testimonio en la causa ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

Según puntualizó el juez en su resolución, el camarista federal imputado “no solo no ha comparecido a cumplir con las obligaciones impuestas [en relación con los llamados a indagatoria anteriores a las que no se presentó], sino que tampoco ha demostrado, ni informado, si efectivamente en algún momento comparecerá a estar a derecho”. Por esto, previamente Ramos Padilla lo había declarado en rebeldía.

Además, el juez federal hizo hincapié en los contactos que tiene el camarista, como José Osvaldo Riveiro, “quien avalara su ingreso al Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, para actuar como personal de inteligencia, el cual se encuentra prófugo para la justicia internacional”, así como también “los vínculos del imputado con los servicios de inteligencia”, que “se encuentran sobradamente probados e incluso han sido reconocidos por el imputado ante el Consejo de la Magistratura, a partir del momento en que se hizo público y desclasificó su legajo de personal civil de inteligencia (PCI)”. Todo esto, son elementos que “permiten suponer la existencia de un riesgo procesal, esto es la posibilidad de que el encartado se sustraiga de la acción de la justicia”, agregó.