El juez federal subrogante de La Plata, Jorge Di Lorenzo, elevó ayer a juicio oral y público a Carlos "el indio" Castillo y Juan José "Pipi" Pomares, dos civiles acusados de cometer crímenes contra la humanidad antes del golpe de Estado y en los días posteriores, desde la organización paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU). De esta forma, el magistrado dio curso al requerimiento que en agosto pasado formularon los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro.

Castillo está acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y en el secuestro de Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril del mismo año. En los dos casos, además, se suma la imputación de robo y violación de los domicilios. También, se lo imputa por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y en el secuestro de otra pareja que finalmente sobrevivió, sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976. Pomares, por su parte, llega acusado por su participación en este último caso que abarca a cuatro víctimas.

La acusación a Castillo y Pomares -en hechos en los que evidentemente actuaron más personas- es el resultado de años de investigación de casos que inicialmente habían quedado impunes en la justicia ordinaria y la federal, pese a que la Policía bonaerense había recogido elementos probatorios poco tiempo después de los hechos, pero durante la dictadura.

En La Plata, los integrantes de la CNU fueron detenidos por la Policía y el Ejército en la madrugada del 1° de mayo de 1976. Su modo de actuar hasta entonces, que además de homicidios con cuerpos arrojados en la vía pública, se caracterizó por asaltos, robos de automóviles, vaciamiento de casas y otros delitos, "dejó de cuadrar" con el modelo clandestino de actuación impuesto por las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo de ese año, que propugnó la desaparición de personas y otra circulación del botín arrancado a las víctimas, indicaron los fiscales al momento de la acusación.

Tras la detención de la banda, la policía incautó una gran cantidad de elementos robados en diferentes hechos y luego convocó a los denunciantes a reconocerlos a la comisaría 8ª. Allí, la esposa de Carlos Antonio Domínguez reconoció la máquina de escribir de su hija, que los asesinos de su esposo habían tomado en la madrugada del 12 de febrero de 1976.

Esa prueba, que por entonces ni la policía, ni la justicia ordinaria, ni la federal tuvieron en cuenta durante la dictadura, constituye hoy uno de los elementos de cargo. La máquina, marca Engadine, fue secuestrada por la Policía de la casa que habitaba "el Indio" Castillo.

El cuerpo de Domínguez, por entonces secretario general del gremio del Turf en La Plata, apareció horas después con alrededor de cuarenta disparos camino a la localidad de Magadalena, al sur de la capital bonaerense. Los captores llevaban en el baúl de un vehículo a Roberto Fiandor, un vocal de la comisión directiva del gremio, quien se salvó porque logró forzar la traba del portón, arrojarse al asfalto y pedir ayuda a vecinos.

Otros de los hechos que llegarán a juicio ocurrieron el 19 de abril, cuando los integrantes de la CNU protagonizaron un verdadero raid por diferentes puntos de la ciudad para secuestrar a tres trabajadores. Los cuerpos de Leonardo Miceli, Horacio Urrera y Carlos Alberto Sathicq aparecieron flotando al día siguiente en el arroyo Sarandí, en el partido de Avellaneda, "acribillados a balazos, tanto de frente como por la espalda", según la documentación citada en la acusación por los fiscales.

Una testigo reconoció entre los captores al "indio" Castillo. En la comisaría 8ª la familia reconoció un cenicero que en la misma madrugada le habían robado al cuñado de la víctima, cuando lo fueron a secuestrar y no lo encontraron. El caso de Miceli es el único de los tres de ese raid que ahora llega a juicio.

Pocos días antes de aquellos asesinatos, entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4, la banda de la CNU concretó los secuestros de Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, y de otra pareja de sobrevivientes, quienes fueron interceptados mientras viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa, al norte de La Plata. Según los testigos, las víctimas debieron detenerse por las ráfagas de disparos sobre su vehículo.

Luego, fueron llevadas a una zona rural posiblemente cercana a Punta Lara, al este de La Plata y muy cerca del Río de La Plata, donde sufrieron torturas y amenazas. Una pareja fue liberada después de un simulacro de fusilamiento, en las calles 2 y 32, mientras que Dinotto y Martini "aparecieron asesinados al día siguiente en la calle 11 del Barrio Los Porteños de City Bell, con numerosos impactos de proyectiles, disparados desde al menos tres armas de fuego calibres .12, .11.25 y .9 mm", describieron los fiscales.