Los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán Schapiro, requirieron la elevación a juicio de Carlos Ernesto "el Indio" Castillo (61 años) y de Juan José Pomares (59), dos civiles acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad antes y en los primeros días de la última dictadura desde la organización paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU).

El pedido de los representantes del Ministerio Público, integrantes de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en la capital provincial, fue realizado ayer ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata, que actualmente subroga el juez Humberto Manuel Blanco. El magistrado ahora deberá correr traslado a las defensas de las partes para luego elevar la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad. Allí, este expediente ingresará a la larga cola de causas que aguardan la realización de un debate.

Castillo está acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y en el secuestro de Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril del mismo año. En los dos casos, además, se suma la imputación de robo y violación de los domicilios. También, se lo imputa por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y en el secuestro de una pareja de sobrevivientes, sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976. Pomares, por su parte, llega acusado por su participación en este último caso que abarca a cuatro víctimas.

Los hechos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad, en tanto la CNU "actuó bajo el amparo del Estado y cuanto menos con su anuencia", indicaron los fiscales, y porque "los ilícitos que se le atribuyen fueron cometidos contra la población civil en el contexto de una práctica generalizada".

En ese sentido, Molina y Schapiro explicaron que "la intencionalidad que inspiró a los integrantes de la CNU consistió en la eliminación de los 'subversivos' u opositores políticos al gobierno y, para ello, llevaron adelante diversas y múltiples acciones armadas y planificadas, que exhibían un sello característico, una firma de sus acciones que era el acribillar a sus víctimas con una cantidad de impactos manifiestamente exorbitante realizados por todos los participantes del atentado. Este ensañamiento respondía a tres objetivos: instalar el terror, demostrar la identidad de los autores y, por tanto, su capacidad operativa, y comprometer a los integrantes del grupo paramilitar".

La acusación a Castillo y Pomares -en hechos en los que evidentemente actuaron más personas- es el resultado de años de investigación de casos que inicialmente habían quedado impunes en la justicia ordinaria y la federal, pese a que la Policía bonaerense había recogido elementos probatorios poco tiempo después de los hechos, pero durante la dictadura.

En La Plata, los integrantes de la CNU fueron detenidos por la Policía y el Ejército en la madrugada del 1° de mayo de 1976. Su modo de actuar hasta entonces, que además de homicidios con cuerpos arrojados en la vía pública, se caracterizó por asaltos, robos de automóviles, vaciamiento de casas y otros delitos, "dejó de cuadrar" -indicaron los fiscales- con el modelo clandestino de actuación impuesto por las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo de ese año, que propugnó la desaparición de personas y otra circulación del botín arrancado a las víctimas.

La detención del grupo se concretó cuando intentaban secuestrar al hijo de un policía y derivó en el desbaratamiento de la banda. Algunos de sus integrantes, entre ellos Castillo y Pomares, fueron condenados por robo y asociación ilícita, pero no por los hechos que afectaron a las víctimas por las que ahora irán a juicio.

El sindicalista del turf

Tras la detención de la banda, la policía incautó una gran cantidad de elementos robados en diferentes hechos y luego convocó a los denunciantes a reconocerlos a la comisaría 8ª.

Allí, la esposa de Carlos Antonio Domínguez reconoció la máquina de escribir de su hija, que los asesinos de su esposo habían robado en la madrugada del 12 de febrero de 1976, previo a al dirigente gremial con alrededor de cuarenta disparos camino a la localidad de Magdalena, al sur de La Plata.

Esa prueba, que por entonces ni la policía, ni la justicia ordinaria, ni la federal tuvieron en cuenta durante la dictadura, constituye hoy uno de los elementos de cargo. La máquina, marca Engadine, fue secuestrada por la Policía bonaerense de la casa que habitaba "el Indio" Castillo.

Domínguez fue hasta su muerte el secretario del gremio del Turf en La Plata. Aquél 12 de febrero, fue secuestrado de su casa de la calle 7, entre 34 y 35. Cuando llegaron al domicilio, los captores llevaban en el baúl a Roberto Fiandor, un vocal de la comisión directiva, quien se salvó porque camino a Magdalena logró forzar la traba, arrojarse al asfalto con el vehículo y pedir ayuda a vecinos.

Cuerpos flotando

El 19 de abril, los integrantes de la CNU protagonizaron un verdadero raid por diferentes puntos de la ciudad para secuestrar a tres trabajadores. Los cuerpos de Leonardo Miceli, Horacio Urrera y Carlos Alberto Sathicq aparecieron flotando al día siguiente en el arroyo Sarandí, en el partido de Avellaneda, "acribillados a balazos, tanto de frente como por la espalda", según la documentación citada por los fiscales.

Una testigo reconoció entre los captores al "indio" Castillo. La familia luego reconoció en la comisaría 8ª un cenicero que en la misma madrugada le habían robado al cuñado de la víctima, cuando lo fueron a secuestrar y no lo encontraron.

El caso de Miceli es el único de los tres que ahora llega a juicio. En el Juzgado Federal N°3 existe otra causa, menos avanzada, que también contiene imputaciones de la Fiscalía por Urrera y Sathicq.

Persecución, secuestro y homicidio

Pocos días antes de aquél raid, entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4, la banda de la CNU concretó los secuestros de Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, y de otra pareja de sobrevivientes, quienes fueron interceptados mientras viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa, al norte de La Plata. Según los testigos, las víctimas debieron detenerse por las ráfagas de disparos sobre su vehículo.

Luego, fueron llevadas a una zona rural posiblemente cercana a Punta Lara, al este de La Plata y muy cerca del Río de La Plata, donde sufrieron torturas y amenazas. Una pareja fue liberada, después de un simulacro de fusilamiento, en las calles 2 y 32, mientras que Dinotto y Martini "aparecieron asesinados al día siguiente en la calle 11 del Barrio Los Porteños de City Bell, con numerosos impactos de proyectiles, disparados desde al menos tres armas de fuego calibres 12, 11.25 y 9 mm", describieron los fiscales.