El titular de la Fiscalía Federal en lo criminal y Correccional N° 10, Miguel Osorio, amplió el objeto procesal de la causa “Operación Cóndor” e incluyó investigar el seguimiento y homicidio del ex Presidente de Brasil Joao Goulart. También añadió la persecución, privación de la libertad y todo otro delito sobre la vida y libertad de una decena de ciudadanos brasileños investigados Policía Federal Argentina a pedido del Ministerio del Ejército brasileño, el 20 de mayo de 1976.

Esta medida ocurrió luego de que el Fiscal Federal de la República Federativa de Brasil hiciera la denuncia en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, al considerar que surgieron sospechas de que la muerte de Goulart pudo no haber ocurrido por causas naturales. El magistrado brasileño había remarcado que existían pruebas de que hubiera sido un asesinato producto de un plan organizado del que participaron agentes de Estado de varios países en el marco de la organización conocida como “Operación Cóndor”.

Otra de las cosas que tuvo en cuenta el fiscal Osorio fue un documento enviado por el Presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, en que el Ministerio del Ejército de ese país le solicitó el 20 de mayo de 1976 a la Policía Federal Argentina que investigará actividades calificadas de “subersivas” llevadas a cabo por un grupo de personas de nacionalidad brasileña.

De esta manera, en la ampliación del objeto de la causa, el representante del Ministerio Público argentino imputó estos delitos a personal de la Policía Federal Argentina y del Ejército de la República Federativa de Brasil respecto de los cuales hasta el momento se desconoce su identidad.

Hechos incorporados y requerimientos

Osorio sostuvo que en primer término correspondía investigar el seguimiento y homicidio del ex Presidente de Brasil Joao Goulart, ocurrido el 6 de diciembre de 1976 en la estancia “La Villa”, ubicada en la sección rural de la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes.

Las pruebas recolectadas dan cuenta de que una de las hipótesis de investigación fue que el deceso del ex Presidente Joao Goulart se produjo por introducción de veneno en la medicación ingerida cuando se hospedó en el Hotel Liberty, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva prueba documental aportada por el testigo y periodista, Jair Krischke, informó la persecución que el ex Presidente venía sufriendo desde mayo de 1976, "circunstancia que vincula íntimamente este suceso a los hechos llevados a cabo por la organización criminal investigada en esta causa", sostuvo el fiscal.

Goulart fue presidente de Brasil entre el 25 de agosto de 1961 y el 31 de marzo de 1964, fecha en que fue derrocado por un golpe militar encabezado por el Mariscal Castello Branco. Tras el golpe, Goulart se exilió en Uruguay hasta 1973, fecha en la que se trasladó a Argentina.

También se investigará la persecución, privación de la libertad y todo otro delito sobre la vida y libertad de las personas llevada a cabo "por los integrantes de la asociación ilícita investigada respecto a decenas de ciudadanos brasileños, detallados en esta ampliación de este objeto procesal", quienes el 20 de mayo de 1976 fueron requeridos por el Ministerio del Ejército de Brasil a las autoridades que detentaban el Estado terrorista argentino.

Por estos motivos, el fiscal le requirió al Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres que se inhibiera de seguir entendiendo en la causa a favor del Juzgado Criminal y Correccional N° 7, Secretaría 13, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 y cc del CCPN.

Además, le solicitó a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y a la Comisión Provincial por la memoria que remitiera copia certificada de toda aquella documental que obrase en sus archivos relativa a los ciudadanos brasileños.

Por último, mediante exhorto internacional requirió a los organismos estatales, Registro de las Personas, Registros Civiles, así como también a organismos de Derechos Humanos de Brasil, que informen sobre si las personas listadas en el nuevo documento incorporado fueron privadas de su libertad o víctimas de algún otro delito, y si se encuentran con vida. En caso de ser así, Osorio pidió que se remitiera copia certificada de la documentación relacionada con esos sucesos.

Finalmente, el fiscal también solicitó a la Comisión de la Verdad de Brasil, la remisión de copias certificadas de toda la documentación que pudieran obtener en relación con las víctimas detalladas en el requerimiento.