24 de septiembre de 2017
24 de septiembre de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora
Procesaron a nueve personas por dos masacres cometidas en 1977, pero la fiscalía apeló la falta de mérito de dos imputados
En la causa se investigan seis homicidios cometidos en dos días, entre los que se incluye el de la madre de los hermanos Ramírez, que luego fueron apropiados. El representante del MPF, Sergio Mola, recurrió la falta de mérito de Jaime Lamont Smart y un policía. Entre los procesados se encuentra Miguel Etchecolatz.

En línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, el juez subrogante Federico Villena dispuso el procesamiento de nueve personas en una causa en la que se investiga un procedimiento realizado en conjunto por el Ejército y la policía bonaerense el 15 marzo de 1977, en el barrio San José de la localidad de Almirante Brown, que culminó con las muertes de Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga y Vicenta Orrego Meza de Ramírez, quien se encontraba junto a sus tres hijos menores de edad. Además, la pesquisa comprende un hecho protagonizado por las mismas fuerzas un día después en Lavallol, en el que resultaron asesinadas otras tres personas.

En su resolución, el magistrado encontró a los imputados como responsables de ser los autores directos de los homicidios agravados, y al entonces jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Bruno Trevisán, como autores mediatos. Por otra parte, la Fiscalía apeló la falta de mérito dictada respecto del ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, Jaime Lamont Smart, y del ex policía Roberto Armando Zárate. Al interponer el recurso, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “los elementos reunidos al momento del dictado de la resolución que se cuestiona resultaban más que suficientes para resolver en torno al procesamiento de los imputados”.

Smart “conocía lo que ocurría”

Mola cuestionó la necesidad de contar con toda la normativa legalizada relativa al cargo desempeñado por Smart, quien en su indagatoria sostuvo que no tenía potestad para decidir sobre los operativos. El fiscal indicó en ese sentido que “dicha normativa fue analizada por esta Fiscalía en oportunidad de requerir la indagatoria del nombrado”. Al respecto, recordó que el abogado imputado “se desempeñó como Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desde el 8 de abril de 1976 (Decreto N° 1/76) y permaneció en el cargo hasta el 4 de septiembre de 1979 como consecuencia de la aceptación de su renuncia mediante Decreto n° 1737/79”, y que “asumió el cargo cuando ya se encontraba vigente la Ley 8529 que aprobó el convenio suscripto entre el Consejo de Defensa de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Ministro del Interior, en concordancia con lo dispuesto en los decretos N° 2770/2771 y 2772 del año 1975”.

Asimismo, el fiscal consideró que el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata utilizado por el juez “para contextualizar históricamente los hechos” permite rebatir los “argumentos defensistas esgrimidos por Smart” en otro proceso “y reiterados en este”.

Tras hacer un repaso de sentencias que aluden al rol de Smart, Mola agregó que su consentimiento “para desempeñarse como Ministro de Gobierno conlleva, en consecuencia, un aporte solidario al plan criminal, facilitando, colaborando y poniendo a disposición de las fuerzas armadas la estructura y el aparato policial de la provincia de Buenos Aires, para cumplir con tal cometido”. En su indagatoria fue el propio Smart quien reconoció que “sabía que ocurrían ‘enfrentamientos’” pero que no participó de ningún episodio. Al respecto, el fiscal destacó que no se le endilga “haber cometido los homicidios de propia mano sino que se le reprocha haber prestado su colaboración indispensable para que el plan de exterminio pudiera llevarse a cabo”. “Como ha quedado expuesto, él conocía lo que ocurría”, aseveró.

Por otra parte, Mola descartó que el imputado Zárate -ex integrante de la Comisaría de Almirante Brown y a quien también se le dictó la falta de mérito- desconociera frente a qué tipo de hecho se encontraba por el ataque a la vivienda de San José. Para el fiscal “no es eso lo que dijo Zárate en su indagatoria. Por el contrario, Zárate negó haberse hallado presente”.

Por esos motivos, el fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora solicitó que se conceda el recurso de apelación y se eleve a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, para que revise el fallo cuestionado.

Dos masacres en dos días

De acuerdo a la investigación, en el primero de los episodios, ocurrido en el barrio San José el 15 de marzo de 1977, decenas de miembros de la Policía y el Ejército rodearon la vivienda situada en la calle Nother, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde vivía Orrego con sus tres niños y a la que hacía pocos días habían arribado sus compañeros de militancia, María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga, huyendo de la persecución política. "Sin alertar sobre su presencia, sin intimar la entrega de los moradores y sin identificarse, de manera sorpresiva, abrieron fuego contra el inmueble, el que se prolongó, por al menos, quince minutos (…) En ese momento, quienes estaban dentro de la casa, solicitaron un alto el fuego para poder evacuar a los niños que estaban en la vivienda", había descrito Mola en el pedido de indagatoria. Después de entregar a dos de sus hijos, Orrego fue asesinada de un disparo a corta distancia, con el niño aún en brazos, “el cual fue apartado (mediante una patada) del cuerpo de la madre sobre quien, seguidamente, se disparó una ráfaga de ametralladora". Las víctimas fueron inhumadas en tumbas sin identificación en el cementerio de Rafael Calzada.

En cuanto al hecho del día siguiente, en la cercana localidad de Lavallol -del partido de Lomas de Zamora-, habría sido perpetrado alrededor de las 12 en una vivienda de Ascasubi y Camino de Cintura. "La zona fue rodeada por más de 200 efectivos habiéndose apostado personal policial y militar en los techos de las viviendas vecinas e incluso en la 'zanja' que existía al costado del Camino de Cintura", indicó el fiscal.

En ese domicilio estaban el médico Pedro Juan Berger -padre de María Antonia, una de las sobrevivientes de la Masacre de Trelew de 1972-, Narcisa Adelaida Encinas y una persona aún no identificada pero que, por diferentes elementos, la Fiscalía sospecha que podría tratarse de Andrés Steketee. "Las víctimas se rindieron, salieron de la casa con las manos en alto y fueron acribillados", indicó Mola. “Si los hubieran querido agarrar vivos hubieran podido… Tanto despliegue para matar a tres viejos”, dijo un vecino que declaró en la Fiscalía. Esas víctimas, también, fueron sepultadas en tumbas NN en el cementerio de Lomas de Zamora.