Los fiscales generales y procuradores generales de 11 países que llevan a cabo investigaciones relacionadas con los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht firmaron ayer la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional Contra la Corrupción. El documento es el resultado de la reunión celebrada en el Memorial del Ministerio Público Federal en Brasilia que contó con titulares y magistrados de los ministerios públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encabezó la delegación del MPF, integrada además por el fiscal nacional de investigaciones administrativas y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodriguez, y el director de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, Diego Solernó.

En la Declaración de Brasilia, los titulares de los ministerios públicos asumen el compromiso de "brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en caso Lava Jato, en general". Además, acordaron promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, "que permitan investigaciones coordinadas". Esos equipos "actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional".

Asimismo, los procuradores y fiscales generales subrayaron la importancia de "utilizar otros mecanismos de cooperación jurídica internacional vigentes, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas" y destacaron la necesidad de "la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país".

La reunión fue convocada por el procurador general de la República Federativa del Brasil, Rodrigo Janot Montero de Barros, luego de numerosos pedidos de colaboración recibidos por parte de otros ministerios públicos de la región, entre ellos el argentino, en el marco de la investigación iniciada en 2014 por el ministerio público brasileño.

En diciembre de 2016, la Procuraduría General de la República Federativa del Brasil llegó a un acuerdo con  Odebrecht S.A., en el marco de un convenio más amplio del que tomaron parte la Procuración General Suiza y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La compañía se comprometió a entregar información y documentación sobre hechos de corrupción. Según quedó acreditado, Odebrecht S.A. pagó sobornos por los menos en 15 países,  incluyendo la Argentina.