El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un documento sobre los avances y retrocesos en el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado argentino. El organismo resaltó aspectos positivos así como también los principales motivos de preocupación en cuanto a la vigencia de los derechos establecidos en el Pacto en los últimos años, y emitió recomendaciones a las autoridades argentinas, entre ellas, a las encargadas de la administración de justicia. El Comité solicitó además “difundir ampliamente” las presentes Observaciones Finales, para contribuir así en una mayor protección de los derechos humanos.

En cumplimiento de esta exhortación del Comité, desde la Dirección General de Derechos Humanos del MPF se identifican algunas de las observaciones y recomendaciones que se vinculan directamente con las funciones del Ministerio Público Fiscal.

El Comité insta a asegurar el fortalecimiento de las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, advierte sobre la lentitud de las causas y encomienda intensificar esfuerzos en la investigación y sanción de sus autores, haciendo particular énfasis en la responsabilidad empresarial.

Además, alerta sobre las torturas y los malos tratos en contextos de encierro, y en consecuencia recomienda realizar investigaciones más exhaustivas y rápidas para que los autores comparezcan ante la justicia. A su vez manifiesta preocupación por las condiciones de detención y el abuso de la prisión preventiva, por lo que exhorta al Estado argentino a acelerar los plazos procesales e incrementar las medidas alternativas.

En materia de violencia de género y violencia doméstica, los expertos recomiendan “investigar de manera pronta y efectiva los hechos de violencia contra la mujer, enjuiciando e imponiendo sanciones apropiadas”.

El organismo llamó la atención asimismo por algunos patrones de violencia sobre determinados grupos y emitió recomendaciones orientadas a intensificar los esfuerzos en las investigaciones por estos hechos. En particular, instó a “investigar a fondo los casos de desaparición, asesinato y presunta intimidación de testigos”; perseguir eficazmente a los autores de hechos de violencia contra pueblos indígenas; y garantizar que los abusos cometidos contra personas con discapacidad en establecimientos psiquiátricos sean esclarecidos y sometidos a juicio.

Finalmente, continuó supervisando los avances en la causa por el atentado terrorista contra la AMIA y exhortó al Estado argentino a “tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación se lleve a cabo de una manera rápida, efectiva, independiente, imparcial y transparente”.

Sobre el mecanismo de supervisión del Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento que en nuestro país tiene jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución). Al ratificar el tratado, los estados parte se comprometen a presentar informes periódicos sobre el estado de situación de los derechos humanos allí previstos.

Estas Observaciones Finales, emitidas en el mes de julio de 2016, son las conclusiones del proceso de evaluación del Comité respecto del V Informe Periódico del Estado argentino, luego de las audiencias celebradas en la sede de la ONU en Ginebra, entre el 29 y 30 de junio de 2016.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, colaboró con el Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración del Informe Periódico, aportando datos vinculados con las funciones y temas de competencia. El documento con aportes del MPF reseña algunos casos emblemáticos, brinda datos estadísticos producidos por distintas dependencias especializadas del Ministerio Público e incluye referencias a algunos dictámenes de la Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.