La actividad fue organizada por la Procuración Penitenciara de la Nación (PPN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría General de la Nación.  En el marco de la jornada, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, presentó la Guía para la reforma de políticas en América latina y el Caribe, elaborada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), Incidencia a favor de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA), International Drug Policy Consortium (IDPC), Dejusticia y Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

En el panel de presentación, la experta en política internacional de drogas de WOLA, Colletta Younger, explicó que la guía era resultado del trabajo conjunto de WOLA, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), la organización de Derechos Humanos de Colombia DEJUSTICIA y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Estuvieron junto a ella el Defensor Público Oficial Iñaqui Anitua y la Coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría de Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Laurana Malacalza. Luciana Pol, del equipo de trabajo internacional del CELS, ofició de moderadora.

En su discurso, Colletta Younger señaló que en toda la región, las regulaciones en materia de drogas trajeron consecuencias devastadoras para las mujeres, especialmente para aquéllas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. La Guía problematiza precisamente el uso de la prisión como respuesta a los delitos relacionados a las drogas y cómo afecta a la población femenina. A la vez, procura que los operadores vinculados a estas temáticas incorporen la perspectiva de género y derechos humanos en su abordaje.

Luego de la presentación, se desarrollaron dos mesas de trabajo en las que se debatieron distintas problemáticas del impacto de las políticas de drogas en las mujeres en situación de vulnerabilidad por cuestiones sociales, económicas, étnicas, de violencia, etc.; la primera, sobre los aspectos dogmáticos de criminalización de mujeres por delitos de drogas y la segunda sobre medidas alternativas a la privación de la libertad para mujeres.

Intervinieron en la discusión el responsable de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo; la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, y los fiscales a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC), Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta. Desde las tres áreas se están desarrollando líneas de trabajo sobre la problemática, que fueron expuestas a los participantes del encuentro, entre los que había defensores y funcionarios de la Defensoría General de la Nación, fiscales, miembros de organizaciones civiles, etc.

El debate giró en torno a la eficiencia de la regulación actual en materia de drogas, el impacto de las leyes de desfederalización, la necesidad de desarrollar estrategias específicas para las distintas modalidades delictivas y de atender especialmente los esquemas de alta vulnerabilidad de determinados colectivos, entre otras cuestiones. También participaron de la mesa de trabajo el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier De Luca; la titular de la Dirección General de Políticas de Género, Romina Pzellinsky e integrantes de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP).