El titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, Walter Ricardo Bento, dispuso el procesamiento y prisión preventiva de siete personas acusadas de someter a explotación sexual a un grupo de treinta mujeres en un prostíbulo de esa ciudad y de lavar dinero proveniente de esa actividad.

La causa se inició con motivo de un llamado anónimo realizado el pasado 6 de febrero a la Dirección Provincial del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por una mujer que dijo haberse escapado de un prostíbulo denominado “Pyme Vip”.

La denunciante aportó la dirección del prostíbulo, el nombre de su dueño y sus socios, así como el nombre de fantasía con el que hacían conocer a las menores de edad que estaban dentro del prostíbulo.

El Registro de Personas Desaparecidas remitió la denuncia a la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, desde donde se verificaron los datos aportados por la denunciante y se comenzó a trabajar con la fiscalía federal de primera instancia de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz.

Así, se logró confirmar la existencia de dicho prostíbulo, su sitio web y un teléfono que eran utilizados como contacto del lugar. Además, se pudo constatar que el lugar ofrecía un sector vip para clientes preferenciales y que el local funcionaba los siete días de la semana las 24 horas.

A partir de ese momento se dispuso la intervención de las líneas telefónicas y luego de las investigaciones realizadas, la Gendarmería Nacional solicitó que el magistrado ordene el allanamiento de once domicilios.

Durante dichos procedimientos participó personal del Equipo de Contingencia para el Rescate y Asistencia y Acompañamiento a Personas damnificadas por el Delito de Trata de Personas de la Dirección de Protección de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza.

La Gendarmería pudo secuestrar armas de fuego, dinero, teléfonos celulares, folletería y propaganda del local en distintos formatos, documentos, exámenes médicos de las mujeres que eran explotadas en el prostíbulo, cuadernos con las asistencias, precios de los shows, cajas de preservativos y tarjetas con la leyenda “sos linda y buscas trabajo” y al dorso “trabajá en Pyme Vip”.

A partir de la declaración de los testigos se pudo determinar que la metodología utilizada por la banda habría consistido en atraer a las jóvenes con promesas ilusorias a través de anuncios publicados en las redes sociales.

En esos mensajes se promocionaba la búsqueda de mujeres “con buena presencia” para trabajar como meseras, bailarinas, promotoras o personal de limpieza. Ofrecían muy buenos sueldos y la posibilidad de pagarles el pasaje si no eran de Mendoza. Además, se pudo verificar un aviso clasificado con las mismas características que había sido publicado el 2 de julio de 2012 en el diario cordobés La voz del Interior.

Entre los procesados por Bento se encuentra quien está sindicado como el líder de la banda, Sebastián Solé. Se sospecha que el imputado habría contado con información previa relacionada con el allanamiento del local nocturno, dado que en un celular que le secuestraron figuran los teléfonos varios miembros de fuerzas de seguridad con quienes mantenía contacto frecuente.

Las victimas declararon en la causa que Solé sería quien habría recibido y acogido a las aproximadamente treinta mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica que se presentaron a través de las falsas ofertas laborales. Además, el imputado les habría pagado el 50 por ciento de lo recibido por sus “pases”, las sometía a un maltrato cotidiano y las amenazaba generando una sensación de pánico e inhibición en ellas.

Por otra parte, el juez tuvo acreditado que la red contaba con un médico ginecólogo, Osvaldo Ramón Antonio Pastorino Garay, a quien las mujeres debían asistir en caso de quedar embarazadas para que les realizaran un aborto rápidamente y pudieran volver a la actividad lo antes posible.

Además, les cobraba menos dinero si anunciaban que iban de parte de Solé. Hay evidencia de que el médico atendió a dos pacientes provenientes del prostíbulo para realizarles esa intervención, y que uno de los casos presentó complicaciones y la mujer debió ser hospitalizada. A partir del relato de la víctima, se pudo demostrar la falta de compromiso del especialista, ya que ante los llamados de su paciente relatándole el enorme dolor, éste le cortó el teléfono.

Las víctimas también relataron que tenían la orden de que ante la eventualidad de un posible allanamiento debían dar aviso, cerrar el local y salir por la puerta trasera del prostíbulo. En caso de encontrarse frente a personal de las fuerzas de seguridad, las mujeres debían decir que el lugar no tenía dueño y que era administrado por ellas, que rotaban aleatoriamente.

Otros de los delitos de los que se le imputa a Solé es lavado de dinero proveniente de esa actividad ilícita.

El prostíbulo Pyme Vip habría sido puesto en funcionamiento por Solé a través de la adquisición de varios inmuebles, vehículos y logística con la finalidad de darle la apariencia de bienes adquiridos con dinero lícito, utilizando para ello terceras personas.

La explotación habría resultado un negocio millonario para Solé, que le permitió llevar una vida de lujo, la realización de negocios inmobiliarios y de otro tipo. Vive en un barrio privado, posee un auto de alta gama, maneja artículos de alta tecnología y tenía planeado un viaje a Cancún y Panamá, que se vio impedido por su detención.

Además de Solé, fueron procesados Paola Carolina Gonzalez Lagos, acusada de ser la encargada del local; Cristian Alfredo Prado Mendoza, acusado de proveer elementos necesarios para su funcionamiento; el médico Pastorino Garay, imputado de haber practicado dos abortos, uno de ellos con riesgo de vida y de haber prestado colaboración en la explotación sexual de las mujeres en dicho prostíbulo; Raúl Cuquejo Kovasznay, inspector municipal a quien se acusa por omitir la ejecución de las normas relativas al control sobre el local; Gustavo Marcelo Torres Aguilar, imputado como partícipe del delito de trata; y Nadia Gisela Haro Selis, acusada de participar del lavado de dinero.