El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el coordinador del Área de Violencia Policial de ese organismo, Maximiliano Medina, denunciaron penalmente y pidieron la indagatoria de al menos doce integrantes de la Policía Metropolitana por privar ilegalmente de la libertad y aplicar torturas a una persona trans y a un trabajador del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que intentó -sin éxito- interceder para que no la detuvieran violentamente y en medio de afirmaciones discriminatorias, en una parada de colectivos de la Avenida 9 de Julio y Alsina.

“Son prácticas sistemáticas de la Metropolitana atacar a grupos sociales vulnerables y vulnerados. Lo que ocurrió aquí es práctica también dirigida contra pibes pobres de los barrios. En este caso se montó un megaoperativo injustificado, extremadamente violento y discriminatorio contra ellas. Estas prácticas que son delitos, requieren de parte del MPF una respuesta eficiente, rápida y severa. Tienen que saber que esas conductas acarrean consecuencias graves desde nuestra respuesta como fiscales”, explicó Palazzani a este portal de noticias.

Los hechos denunciados por la Procuvin ocurrieron el 26 de agosto pasado alrededor de las 15:00, cuando cuatro mujeres trans y el novio de una de ellas se encontraban sobre el andén del Metrobus esperando un colectivo que las llevaría a La Plata para participar del tratamiento de un proyecto del ley impulsado por el sector de militancia que integran, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).

En ese momento, recibieron la agresión verbal de un hombre, quien hizo alusión a su género. El incidente derivó en una discusión, en la que de ellas le pidió al agresor que se disculpe y, en medio de la situación, "una funcionaria de la Policía Metropolitana que estaba sobre el mismo andén, llamativamente intentó esposar y detener" a una de ellas.

La policía pidió refuerzos y en cuestión de minutos arribaron al lugar tres patrulleros, cuatro policías en moto y otros cuatro caminando, más otros dos que llegaron en colectivo, y otro sin uniforme, identificado apenas con un chaleco, que "los amenazó con una 'picana' en varias oportunidades, a la par que también las discriminó" por su identidad autopercibida, indicó la Procuvin. La proporción era de tres policías por cada una.

"Todos esos policías intervinieron sin atender a las explicaciones proporcionadas por las víctimas. A todas ellas las golpearon con golpes de puño y patadas, las humillaron y las insultaron reiteradamente", agregó la Procuraduría en la denuncia, que ingresó este viernes en la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Las víctimas llamaron de urgencia a varios amigos y compañeros que se encontraban cerca del lugar, a partir de lo cual arribó a la escena el trabajador del INADI, quien pudo ver a una de las ellas "tirada al piso boca abajo, con tres numerarios policiales que la retenían por la fuerza inmóvil".

El trabajador le reprochó al jefe del operativo lo que estaba sucediendo y, en ese contexto, dos efectivos, un hombre y una mujer, acusaron al representante del INADI de haberlos agredido, tras lo cual también lo detuvieron.

En ese contexto, los y las agentes policiales discutieron entre ellos sobre quién debía practicar la requisa personal a las detenidas y acordaron: "de la cintura para arriba, por una mujer policía; de la cintura para abajo, por un policía varón".

La Procuvíin describió en su presentación que en la entrevista que da encuadre a esta denuncia, las víctimas además manifestaron que los policías metropolitanos se dirigían continuamente "de manera discriminatoria y negándoles su identidad, lo cual en ese contexto de vulnerabilidad producto de la arbitraria detención que estaban padeciendo, implicó un maltrato físico y moral de suficiente entidad, que debe ser investigado sumado a las demás agresiones".

Los policías decidieron llevarse detenidas a una de las militantes y al trabajador del INADI, pese a la oposición del resto, que se interpuso frente a los patrulleros. No obstante, los efectivos lograron su cometido: las víctimas denunciaron que estuvieron nueve horas detenidas en la Comisaría de Zavaleta y que previamente fueron "paseadas" en un móvil policial durante al menos media hora en la zona de Constitución.

Todo el tiempo que duró la detención continuaron los maltratos y las humillaciones por la identidad de género. "La violencia infligida por integrantes de la Policía Metropolitana se agravó por los graves sufrimientos psíquicos producto de los tratos discriminatorios, inhumanos y degradantes, al negar la identidad de género de las víctimas con un claro objetivo: humillarlas por su condición sexual", explicó la Procuvin, que en su denuncia encuadró los hechos en la violación de derechos fundamentales previstos en pactos internacionales.

Y, en ese sentido, reclamó celeridad y compromiso en la investigación de los hechos por la especial vulnerabilidad de las víctimas. "El estado de indefensión de las personas LGBTTTI frente a las fuerzas de seguridad y las consecuencias que generan los hechos sufridos, se profundizan ante una respuesta judicial inadecuada, lo que desalienta a las víctimas y garantiza la impunidad", indicó.