La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promueve que la investigación por la desaparición y muerte del joven Franco Casco se desarrolle en el ámbito de la justicia federal, ya que se trataría de una desaparición forzada de personas, según se desprende de una denuncia realizada hoy. Ayer, la procuraduría a cargo de Abel Córdoba también había presentado un hábeas corpus en el que solicitaba una serie de medidas para dar con el paradero del joven de 20 años que fue visto por última vez el 7 de octubre en la Comisaría 7ª de Rosario. Algunas de las diligencias que había pedido se encontraba un pedido a la Prefectura Naval para que informe sobre todas las actuaciones realizadas en relación al hallazgo de un cuerpo en el Río Paraná.

Tanto en la denuncia radicada ante el juez Federal Carlos Alberto Vera Barros como en el habeas corpus presentado ayer, la Procuvin consideró que el caso se trató de una posible desaparición forzada, por lo que la competencia correspondería al ámbito de la justicia federal. Fue luego de que la madre del joven, Elsa Godoy, realizara una denuncia en la Procuvin acompañada por el defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganón.

Franco había viajado a la ciudad santafesina para visitar a sus primos por el fin de semana. El martes 7, debía regresar a Retiro, en donde lo esperaba su madre. Esa misma jornada, una tía presentó una denuncia en la comisaría 20ª. Al día siguiente, el 8 de octubre, su papá viajó hacia Rosario.

Elsa fue a Rosario desde Florencio Varela -donde vive la familia- el 12 de octubre para buscar a su hijo; en la seccional 7ª logró hablar con el comisario Diego Álvarez, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco, se escuchaban murmullos en otra habitación que decían que los sucesos no habrían ocurrido como eran contados.

Álvarez adujo que el joven fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. Elsa continúo buscando a su hijo y formuló la denuncia ante una fiscalía; allí, hace unos días le fueron exhibidas fotos de su hijo en las que se veía muy golpeado, y un acta de libertad que según la mujer no fue suscripta por Franco.

Hábeas corpus

En el habeas corpus firmado ayer por Abel Córdoba y el fiscal Marcelo Degiovanni se solicitó el apartamiento de la policía santafesina de la investigación, en base a lo previsto por el artículo 194 bis del Código Procesal Penal que dispone esta medida “cuando de las circunstancias de la causa” surja que miembros de las fuerzas de seguridad pudieran estar involucradas “como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha”.

Además de la solicitud cursada a la Prefectura, se requirió información a la totalidad de las dependencias de la Policía de la Provincia de Santa Fe, a la Policía Federal  Argentina, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina; a la Morgue Judicial de la Ciudad de Rosario, al Cuerpo Médico Forense de la Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y al Cuerpo Médico de la Dirección General de Policía Científica en función judicial de la Provincia de Buenos Aires; a los hospitales de las mencionadas jurisdicciones, y a los servicios de ambulancia o asistencia médica de urgencias de la Ciudad de Rosario, SIES (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria). Además, se requirió que se otorgue intervención al Registro de Personas desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al Programa Buscar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y al Ministerio Publico de la Acusación local, para que remita las constancias de la causa originada por la denuncia radicada por Elsa Godoy oportunamente, entre otras.

Denuncia

La denuncia presentada ante el juzgado Federal de Vera Barros consigna que la desaparición forzada de personas “configura un fenómeno delictivo de gravedad que exige la definición de criterios de intervención eficaces, asociados al deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas”. En ese sentido, se añade que “las formas con que se imprime el ejercicio de la violencia ilegal o arbitraria aplicada por agentes estatales en ejercicio de su función, produce en las víctimas un conjunto de lesiones que importan acumulación de padecimiento, configurando graves violaciones a los derechos humanos que ameritan un abordaje integral”.

“En el caso del delito de desaparición forzada, esa ofensa múltiple se configura por la afectación a derechos esenciales e inderogables, individuales y colectivos”, continúa Córdoba en el escrito. Además, se sugirieron varias medidas de prueba, entre ellas la realización de una nueva autopsia sobre el cuerpo de Franco hallado en el Río Paraná, y se ofreció como perito de parte a Virginia Creimer, quien también participó en la exhumación y la autopsia del cuerpo de Luciano Arruga.