El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, por mayoría, absolvió hoy a 19 policías y un civil, en el marco del debate oral seguido por su responsabilidad en la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, cuyo cuerpo apareció sin vida veintitrés días después de haber sido detenido por personal de la Comisaría 7ma de la provincia de Santa Fe. En el debate oral y público intervinieron el titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales Federales de esa jurisdicción, Fernando Arrigo y la auxiliar fiscal Ana Oberlín.

La audiencia de hoy comenzó pasadas las 9 de la mañana, cuando Esteban Daniel Silva, Diego José Álvarez, Marcelo Alberto Guerrero, Fernando Sebastián Blanco y Pablo Andrés Siscaro, brindaron sus últimas palabras, mientras que las otras 15 personas imputados se abstuvieron de hacerlo. Tras ello, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 14 horas, cuando leyó su veredicto y dispuso que los fundamentos de la sentencia se den a conocer el 25 de septiembre próximo, a las 20 horas.

Así, los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Paulucci -quien votó en disidencia- absolvieron al comisario Diego José Álvarez, al subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta, y las y los agentes Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Rut Elisabet Contino, Romina Anahí Díaz, Belkis Elisabet González, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murúa, Walter Ortiz, Esteban Daniel Silva y Franco Luciano Zorzoli. Igual temperamento adoptó respecto de los dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, y del ciudadano Alberto Daniel Crespo.

El caso

El 29 de septiembre de 2014, Franco Ezequiel Casco, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, llegó a la ciudad de Rosario para visitar a unos familiares. En la tarde del 6 de octubre se fue de la casa de su tía paterna -donde se había alojado- hacia la Estación de Trenes Rosario Norte, donde a la medianoche iba a tomar un tren para regresar a Buenos Aires.

Sin embargo, ese mismo 6 de octubre el joven de 20 años fue interceptado y detenido por agentes de la Comisaría 7a de la Policía de la provincia de Santa Fe. De acuerdo con el testimonio de otros detenidos, Casco fue aislado en un calabozo de la dependencia policial en calidad de “demorado” mientras averiguaban sus antecedentes. Durante la madrugada del 7 de octubre, el joven fue golpeado y torturado: los demás internos lo escucharon gritar y pedir auxilio, hasta que se hizo silencio y no se supo más nada de él.

Dado que Franco nunca llegó a Buenos Aires, su tía denunció su desaparición en la Comisaría 20ª de la Policía local, al tiempo que el padre del joven viajó a Rosario. Según declararon los familiares de Casco, el padre de Franco se presentó el 8 de octubre en la Comisaría 7ma y pudo saber que el joven había estado allí. Sin embargo, le dijeron que lo habían aprehendido el día 7 de octubre y que la noche de ese mismo día “lo habían liberado, dejándolo en una plaza cerca de la estación de trenes”.

Finalmente, el 30 de octubre de 2014, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida de Franco, flotando en el río Paraná. La autopsia reveló que la víctima había muerto antes de ser arrojada al río.

De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, los efectivos policiales “privaron de libertad a Franco Casco, lo encerraron en un calabozo y lo sometieron a tormentos y tratos inhumanos y degradantes, todo lo cual, debe resaltarse, sucedió en un ámbito en el que la víctima se encontraba en un absoluto estado de indefensión”. Además, se demostró que los policías imputados realizaron una serie de maniobras tendientes a fraguar las circunstancias en las que el joven fue ilegalmente privado de su libertad, y a encubrir la verdad de lo ocurrido.

El juicio

El debate oral y público comenzó el 6 de diciembre de 2021, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario. En mayo pasado, el fiscal general Arrigo efectuó su alegato, en el que destacó que los policías que detuvieron a Casco “no documentaron su ingreso y no lo blanquearon para trabajar tranquilos sin plazos”.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, los agentes “lo torturaron, le tomaron los datos, le hicieron firmar el ‘acta de conocimiento derechos’ con fechas y horarios que parecieran evidentemente errados, fichas dactilares y fotografías y luego lo siguieron torturando”.

Dado que el hecho había ocurrido en la comisaría y que otros detenidos advirtieron la presencia de Casco, el fiscal consideró que los acusados “sabían que no podían simplemente hacerlo desaparecer, necesitaban crear una coartada que les garantizase su impunidad”. Así, aprovecharon un corte de luz y sacaron de la Comisaría 7ma el cuerpo sin vida del joven para luego arrojarlo al río.

Tras ello, las personas implicadas “fraguaron un sinnúmero de documentos públicos y libros, simularon consultas oficiales y, en definitiva, hicieron un montaje con el cual pretendieron probar que Franco Casco había sido detenido y alojado en la Comisaría 7ma el 7 de octubre al mediodía -aproximadamente a las 13-, y había sido liberado ese mismo día cerca de las 22”.

En virtud de todo ello, el representante del Ministerio Público Fiscal había requerido que se condenara a prisión perpetua al comisario Álvarez, a los agentes Benítez y Blanco y a la agente Contino, como coautores de los delitos de desaparición forzada de personas agravada por la muerte de la víctima, y por el delito de imposición de torturas seguidas de muerte a una persona privada de su libertad.

El fiscal general Arrigo también había pedido la misma pena para el subcomisario Gianola Rocha, el jefe de sumarios Acosto y las y los agentes Greiner, Guerrero, Gysel, Hernández, Silva, Díaz, Juárez y Zorzoli, como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.

Asimismo, en relación a la agente González y su colega Murua, la fiscalía había pedido una pena de catorce años y diez meses de prisión como partícipes secundarios del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, mientras que para Siscaro y Escobar pidió cinco años y diez meses como coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado.

Finalmente, la representación del Ministerio Público había pedido que Crespo, quien fue el vecino que formuló la falsa denuncia con la que se intentó justificar la detención de Casco fuera condenado a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio, y que se absolviera al agente Walter Ortiz por falta de pruebas en su contra.