La Procuraduría de Narcocriminalidad, a través de su Área de Análisis de la Información y Planificación Operativa, elaboró un informe sobre las causas iniciadas ante la justicia federal en el primer semestre de este año -un total de 4749-, en el que se advierte una baja del 49 por ciento en la cantidad de investigaciones en relación con el promedio del mismo período entre 2018 y 2019. "Es posible afirmar que la circunstancia excepcional que ha significado la pandemia y las medidas sanitarias tomadas para contenerla han impactado en el despliegue de la persecución penal del fenómeno narcocriminal", indica la Procuraduría especializada.

El informe, elaborado en base a la registración que las fiscalías federales de todo el país realizan en el sistema de gestión informático Coirón, indica que "cobra especial relevancia en este análisis la menor cantidad de causas iniciadas por tenencia para consumo personal y tenencia simple que pueden explicarse por la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, al igual que las causas de comercio al menudeo", una tendencia que "se ha ido normalizando a medida que las medidas sanitarias se han ido flexibilizando".

Una de las jurisdicciones en las que se ha visto un menor impacto es la que integran Salta y Jujuy, provincias en las que se encuentra vigente el sistema acusatorio desde junio de 2019, y alcanza el 20 por ciento. Allí la PROCUNAR colabora territorialmente mediante su delegación regional NOA. Entre otros datos relevantes desagregados en el informe, en esa jurisdicción "el 75% de las causas formalizadas ya finalizaron con condena, siendo que el otro 25% están activas camino a juicio o acuerdo pleno".

El informe de la Procuraduría destaca la necesidad de "reflexionar sobre el grado de eficacia y eficiencia de la persecución penal en materia de drogas", puesto que "en un gran porcentaje de las causas por estupefacientes que tramitan en la justicia federal se investigan delitos de tenencia simple (10 por ciento) o para consumo personal (29 por ciento) y esta tendencia se repite en la mayoría de las provincias".

"El análisis de esta circunstancia evidencia que una parte importante de los recursos de las fuerzas de seguridad terminan estando destinados a la criminalización de las personas consumidoras de este tipo de sustancias, manteniendo así la inercial selectividad del sistema penal. Y esto ocurre aún bajo la vigencia del sistema acusatorio, tal como surge de los datos de la provincia de Jujuy", indica la Procuraduría, y remarca que esto ocurre a diez años del fallo en el caso "Arriola" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se declaró la inconstitucionalidad de la persecución penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

El informe de la Procunar incluye los datos volcados sólo en el sistema federal, lo cual implica que en este trabajo no se ven reflejados una porción importante de los números de aquellas provincias que adhirieron a la ley de desfederalización (Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en las que tramitan en la justicia ordinaria los delitos menos graves relacionados con estupefacientes, como la tenencia simple y la tenencia para consumo personal, y el comercio al menudeo, tipificado como comercio de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.

El 45 por ciento de las causas aborda el comercio o tenencia de estupefacientes o de su materia prima, para comercialización, almacenamiento o transporte.

Los números por delito

En el primer semestre de 2020 las estadísticas relevadas a través del sistema de gestión Coirón, de acuerdo a los datos provistos por la Dirección de Desempeño Institucional y procesados por la Procunar, son los siguientes:

- El 45 por ciento de las causas (un total de 2134) aborda la conducta tipificada en el artículo 5, inciso c, de la ley 23737, es decir, comercio o tenencia de estupefacientes o de su materia prima, para comercialización, almacenamiento o transporte.

- En tanto, un 29 por ciento (1414 causas) se refiere a la conducta estipulada en el segundo párrafo del artículo 14 de aquella ley, que pena la tenencia de estupefacientes para consumo personal, mientras que un 10 por ciento (465) corresponde a casos de tenencia simple, previstos en el primer párrafo del mismo artículo.

- Un 4 por ciento de las causas (177) corresponde a la conducta del artículo 5, inciso d, que penaliza a quien "comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte".

- El 2 por ciento (115) corresponden a la violación del artículo 866 del Código Aduanero, que pena el contrabando de estupefacientes.

- Finalmente, unas 474 causas, alrededor de un 10 por ciento del total, encuadra en otros delitos.

Causas por región y modalidad de inicio

La distribución por región muestra que el norte del país concentra más del 60 por ciento de los causas, con un 37 por ciento (1783) que fueron iniciadas en la Región Noreste y un 25 por ciento en la Región Noroeste.

Un 19 por ciento (917), en tanto, corresponde a la Región Patagónica; un 13 por ciento (614) a la Región Centro-Cuyo; y un 3 por ciento para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (153) e igual porcentaje (134 causas) para la Región Bonaerense.

En relación con la modalidad de inicio, el 65 por ciento de las causas se inició por prevención, es decir, por la actuación proactiva de las fuerzas de seguridad; un 18 por ciento por denuncias ante el Poder Judicial; un 9 por ciento por denuncias en comisarías; y un seis por ciento por denuncias en fiscalías.

Finalmente, el 83 por ciento de causas se inició y tramita en el marco del sistema inquisitivo y el 17 por ciento restante con el nuevo sistema acusatorio (Salta y Jujuy).

El norte del país concentra más del 60 por ciento de las causas, con un 37 por ciento que fueron iniciadas en la Región Noreste y un 25 por ciento en la Región Noroeste.

Comparación con 2018 y 2019

La estadística de 2018 muestra que en todo ese año se iniciaron 22438 causas, de las cuales 10732 corresponden al primer semestre, mientras que para 2019 el número descendió a 14612, con 8168 correspondientes a la primera mitad de ese año. De tal forma, las 4779 iniciadas en el primer semestre de 2020 vuelven a mostrar un descenso aún más pronunciado.

La Procunar señala que esta disminución paulatina "se explica fundamentalmente por la implementación de la Ley de desfederalización en el ámbito de la CABA desde enero de 2019. Esta aclaración resulta indispensable a la hora de observar la evolución del conjunto de causas dado que la implementación de la ley impacta directamente sobre el volumen de causas por estupefacientes que se inician en el sistema de justicia federal".

La procuraduría indicó que las cifras actuales significan un descenso del 49 por ciento "para el promedio de casos iniciados los dos años anteriores (9450) y un 41 por ciento en relación directa con los ingresos de 2019".

"El descenso es especialmente llamativo en los meses de marzo y abril cuando el ASPO y la feria judicial extraordinaria regía para todo el territorio nacional, mientras que los meses posteriores comienzan a registrarse más casos, muy posiblemente como resultado del levantamiento de las excepciones en muchas jurisdicciones del país y la creciente implementación del trabajo remoto a nivel judicial", evalúa la Procunar.

En ese sentido, destacó que, pese a la baja de causas iniciadas, los porcentajes en relación al tipo de delito investigado no tienen variaciones significativas, con la sola "excepción de las causas por tenencia para consumo personal que parecen estar en descenso -56 por ciento menos de casos en el 1° semestre de 2020 en comparación al 2019-, lo que habrá que volver a analizar cuando se tengan los datos anuales".

La Procunar en el sistema acusatorio

Desde la implementación del sistema adversarial en Salta y Jujuy en junio de 2019, la Regional NOA de la Procunar ha venido desarrollando investigaciones de acuerdo con la intervención que prevé para las procuradurías la Ley Orgánica de Ministerio Público Fiscal (N°27148) en sus artículos 19, inciso h, y 24, inciso a, es decir, cuando sea convocada por el fiscal del lugar, teniendo en cuenta la complejidad del caso y su posible relación con otras jurisdicciones. De esta forma, se tramitaron 131 intervenciones desde el cambio del código procesal penal, entre investigaciones preliminares de oficio (111) e investigaciones previas a la formalización (20).

La Procunar destaca los siguientes datos que se desprenden de esa intervención:

- Hubo sentencias condenatorias en siete causas, de las cuales seis ya están finalizadas y una está próxima a llegar a juicio con algunos de los imputados ya que, hasta el momento, 6 de los 11 acusados ya fueron condenados al arribar a acuerdos plenos con el Ministerio Público Fiscal.

- Fueron condenadas 22 personas, de las cuales 16 cumplen prisión efectiva en un penal; dos se encuentran prisión domiciliaria y cuatro fueron condenadas bajo ejecución condicional.

- El 75 por ciento de las causas formalizadas ya finalizaron con condena y el otro 25 por ciento están activas, camino a juicio o acuerdo pleno.

- Con relación a la duración de las investigaciones, el promedio entre el inicio de la causa y su finalización con condena fue de 138 días.

- El 95 por ciento de los condenados optó por celebrar un acuerdo pleno.

Comparación anual en el sistema acusatorio

En la comparación entre 2019 -desde junio de ese año, pues en esa fecha se puso en vigencia el nuevo sistema- y el primer semestre de 2020 se nota, en este último período, también una baja, de 1027 causas el año pasado a 829 en el presente.

Desagregadas por provincia, en Jujuy en 2019 se iniciaron 870 y en la primera parte de 2020 un total de 677. Mientras que Salta presenta 157 para 2019 y 152 para el actual.

No obstante, la distribución por tipo de delito presenta grandes diferencias. Mientras en Jujuy el 79 por ciento de las causas se inicia por tenencia para consumo personal de estupefacientes, en Salta esa cifra el porcentaje para ese tipo de causas es del 3 por ciento. En esta última provincia, el 69 por ciento de las investigaciones se inician para investigar el comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento o transporte, mientras que en Jujuy ese tipo de delito comprende al nueve por ciento de las causas.

La Procunar explica en su informe que para comprender esta diferencia "debe tenerse en consideración que en la provincia de Salta se encuentra vigente la desfederalización desde el año 2014, mientras que en la provincia de Jujuy es la justicia federal la que tiene a su cargo todos los delitos en materia de drogas".