El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, volvió a solicitar ante el juez que se le tome declaración indagatoria a seis policías imputados por instigación a cometer delitos y sedición durante la protesta policial realizada en la capital provincial y zonas aledañas a comienzo de diciembre pasado, en reclamo de mejoras salariales. Entre los acusados se encuentra el líder de la organización APROPOL, Alberto Rubén Martínez, así como también los oficiales Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño, Oscar Alberto Aguirres, Mauricio Miguel Pagani y Alejandro Miguel Zamaro.

Rodríguez señaló que luego de presentar el pedido en febrero, el juez simplemente manifestó la expresión "téngase presente", pero sin aclarar si hacía lugar o lo rechazaba. Esa situación, señaló el fiscal, “impide concluir que esta parte ha dejado consentido el proveído, ya que sin desconocer que se trata de una medida no apelable cuanto menos en forma expresa, resulta elocuente que el decreto cuestionado no ha resuelto ningún planteo o petición sobre la procedencia”, de la indagatoria.

Al mismo tiempo, debido a que el juez no se expresó sobre el pedido, el representante del Ministerio Público señaló que tampoco podía apelarse la resolución.

Además, sostuvo que “no sólo el Ministerio Público Fiscal propició las indagatorias, sino que expresamente fueron solicitadas por los propios imputados Abasto, Patiño, Aguirres, Pagani y Zamaro.

Finalmente, indicó que ante el reclamo unánime de las partes, “no puede admitirse el estancamiento del proceso”, a la espera de que se resuelva la cuestión de competencia, en principio, en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario.

Por otra parte, Rodríguez señaló la irregularidad del trámite por medio del cual el juez citó a prestar ampliación de declaración testimonial al Cabo Pamela Soledad Príncipe, sin haber notificado del hecho al Ministerio Público Fiscal que, por ese motivo, no pudo estar presente.

De esta manera, al no haber tomado conocimiento ni podido controlar el acto procesal, en clara violación de lo dispuesto por el Código Procesal Penal de la Nación, el fiscal santafesino explicó que eso interfería “en la estrategia de actuación de la Fiscalía Federal”.

Otro de los actos que marcó como irregulares fue un incidente de inhibitoria del 18 de febrero, mediante el cual se le confirió vista a la defensa de Abasto, Patiño, Pagani, Zamaro y Aguirres, y sin embargo no se vinculaba con ellos sino con los intereses de Alberto Rubén Martínez. Básicamente, el incidente se refería a la causa judicial originada por coacciones agravadas ante la justicia local. Rodríguez puntualizó que el acto había ocurrido pese a que la normativa procesal no contempla “la participación de otra parte distinta al Ministerio Público Fiscal en el trámite que corresponde al Tribunal ante quien se propone el pedido”.

Por último, el representante del MPF solicitó una serie de medidas probatorias, entre las que se destacan tomar declaración testimonial a varios oficiales para que aporten información relevante sobre la causa.