La titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 de la Capital Federal, Gabriela Baigún, y  el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Procuraduría para el combate a la trata y explotación de personas (Protex), interpusieron recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal  Nº 1 de la Capital Federal, que había dictado la suspensión del juicio a prueba, por el término de dos años, en una causa que tiene como imputada a una mujer por el delito de reducción a la servidumbre y explotación laboral.

La fiscal Baigún y el titular de la PROTEX solicitaron en su recurso que se dicte un nuevo pronunciamiento en la causa, por considerar que el tribunal realizó una errónea aplicación de la ley sustantiva. Según los fiscales, para dictar una suspensión del juicio a prueba es necesario el consentimiento del fiscal.

En este sentido, los representantes del Ministerio Público catalogaron de arbitraria la sentencia del tribunal, y basaron su pedido de nuevo pronunciamiento en que “de acuerdo a la escala penal de los delitos que se le atribuyen a la imputada; la cantidad de hechos que se le atribuyen que concurren en forma material y las especiales circunstancias del hecho, entre ellas víctimas menores de edad, de sustanciarse audiencia de debate y frente al eventual pedido de pena, la misma superaría ampliamente los tres años de prisión”.

El tribunal  había hecho lugar al pedido de probation solicitado por la defensa, utilizando como base argumentativa  “la escala penal de los delitos atribuidos y la ausencia de antecedentes penales de la encausada”.

Los jueces habían expresado que dejaron de lado el dictamen fiscal –que rechazaba el beneficio de la suspensión del juicio a prueba en favor de la imputada- por "cuestiones de logicidad y fundamentación".

La causa

Entre el 16 y el 19 de julio de 2010, personal de la División de Trata de Personas de la Policía Federal llevó adelante tareas de investigación en el local de la calle Zinny 1653, a partir de una denuncia realizada en la comisaría 40, sobre el funcionamiento de un supuesto taller textil, donde trabajarían y vivirían varias personas de nacionalidad boliviana.

El 22 de julio de 2010, finalmente, se allanó el domicilio en cuestión, se incautó documentación y se realizó un inventario de las 42 máquinas, y de dos motores de máquinas. También se secuestró del lugar un certificado de habilitación a nombre de la imputada, un certificado de aptitud ambiental, con los mismos datos, pantalones de jean con la etiqueta “Narkotico” y una bolsa con la suma de 16 mil dólares.

Según la declaración de personas que trabajaban en el taller textil, la imputada los obligaba a tener extensas jornadas laborales, mayores a doce horas; las remuneraciones que obtenían por su trabajo eran insignificantes en relación a las horas y esfuerzos realizados. Las víctimas también denunciaron malos tratos, demoras en el pago de las “remuneraciones” y pésimas condiciones de habitación, salubridad e higiene.