El Fiscal Federal Subrogante de la ciudad de Dolores, Orlando César Giménez, solicitó la elevación a juicio oral de una causa contra tres personas, identificadas como Alejandro Daniel Aguirre, Gonzalo Matías Aguirre y Valeria Ester Giménez, acusadas de integrar una red de trata. Los imputados habrían secuestrado a tres jóvenes en situación de vulnerabilidad, dos de ellas menores de edad, con fines de explotación sexual.

Los hechos se iniciaron el 18 de enero de 2013, cuando dos de las víctimas menores de edad, oriundas de la localidad de Florencio Varela, fueron engañadas mediante una falsa promesa laboral formulada por Alejandro Daniel Aguerre que consistía en cuidar niños, vender productos en puestos playeros o prestar servicios en un lavadero de automóviles en la ciudad de Pinamar.

Las jóvenes, que recibieron la autorización por parte de su abuela para viajar, se habrían alojado en un departamento ubicado en en calle Constitución entre Avenida Intermédanos y Neptuno, en el centro de la ciudad balnearia. Si bien estas tareas se cumplieron durante los primeros días, la explotación sexual a través del aprovechamiento económico del ejercicio de su prostitución se llevó a cabo a partir de las semanas siguientes mediante excusas de que no había más trabajo para ellas y que "podían ganar mucho más dinero haciendo sexo y que debían pensar con la billetera y no con la cabeza".

Las víctimas, que no tenía otra salida, se vieron forzadas, a través de amenazas, a prostituirse.

En la primera ocasión, fueron trasladadas hasta una casa de familia donde habrían mantenido relaciones sexuales con cuatro hombres “abogados y adinerados”, motivo por el cual su proxeneta habría recibido una suma de dinero a cambio. Este tipo de situaciones se habrían repetido en otras oportunidades. Uno de los tres acusados fue el encargado de trasladarlas hasta cada uno de los lugares y llevarlas de vuelta al departamento donde se alojaban.

Después de unos días, arribó a la misma vivienda donde estabas alojadas las víctimas Ariel Aguirre, alias “Tata”, hijo de uno de los imputados. Esta persona sería la que, semanas más tarde, habría ayudado a las jóvenes a abandonar su situación de explotación que llevaba a cabo su padre.

En cuanto a la otra víctima, oriunda también de la localidad de Florencio Varela, habría sido captada por otra de las imputadas, Valeria Ester Giménez, el 2 de febrero de ese mismo año. También fue engañada a través de una falsa promesa laboral en la ciudad de Pinamar, en este caso, formulada a través de una persona que había sido compañera de estudio de la joven. La propuesta consistía en efectuar labores como trabajadora doméstica por la suma de 4.000 pesos mensuales, circunstancia que jamás se cumplió ya que durante la primera noche de estadía en el departamento mencionado, en el que estaban alojadas las menores y el hijo de uno de los imputados, le fue indicado que debía prestar servicios sexuales. De todas maneras, la situación nunca se consumó por motivos desconocidos por la víctima.

La denuncia fue realizada por las hermanas de las jóvenes menores de edad el 7 de febrero de 2013, ante la Estación de Policía Comunal de Pinamar. En esa oportunidad, las víctimas relataron el modo en que fueron captadas, transportadas, acogidas y explotadas sexualmente por el principal acusado. Las circunstancias de esos sucesos fueron puestas en conocimiento de las fuerzas de seguridad por las dos adolescentes en aquel acto y luego ampliadas al día siguiente, a partir de las declaraciones testimoniales realizadas ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Pinamar, quien tomo intervención en un primer momento disponiendo las medidas urgentes.