El fiscal federal Emilio Guerberoff solicitó la instrucción de una causa tendiente a investigar la posible comisión de un delito por parte de la consultora Finsoport a raíz de la elaboración y publicación en distintos medios de índices de precios presuntamente falsos. La causa fue remitida por la fiscalía en lo criminal y correccional N°7, por entender que se trata de una cuestión que atañe al fuero penal económico.

La denuncia había sido realizada por el Secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, contra los directivos y/o propietarios de la consultora: Jorge Alberto Todesca, Daniel Alberto Palacios, Joaquín Luis Francisco y José Antonio Bello. El delito investigado es el de fraude al comercio y a la industria, tipificado en el inciso 1 del artículo 300 del código penal.

El sumario administrativo, aportado también a la causa, se inició a raíz de la presentación efectuada por distintos productores que se desempeñan en el Mercado Central, quienes manifestaron su preocupación por la publicación de índices de precios aparentemente falsos, que perjudicaban su actividad comercial. A raíz de esta investigación, la Secretaría de Comercio procedió a la aplicación de distintas multas por infracción del artículo 21 de la Ley de Lealtad Comercial.

En la denuncia efectuada, Moreno destaca que Finsoport actúa en el mercado analizando variables como inflación, tasas de interés, consumo, entre otras, presentando “inventos pseudo científicos carentes de rigor con pretensión de verdad”. Al respecto, señaló que el interés que tendría la consultora sería el de “crear expectativas inflacionarias a efectos de generar para sí y para sus clientes ganancias extraordinarias basadas en un ardid”, todo lo cual afectaría a los consumidores en su conjunto y al Estado Nacional.

A partir de esta denuncia, el fiscal requirió al juez que instruya un sumario tendiente a dilucidar la presunta comisión del delito especificado y la presunta alza de precios que podría haber producido en mercaderías como frutas, verduras, carne, alimentos frescos y bebidas, así como en títulos públicos. Para ello, Guerberoff requirió una serie de medidas e informó al juez que solicitó la intervención de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), del Ministerio Público Fiscal.