La maniobra ilícita presuntamente pergeñada por el contador Mario José Enrique Rossini y sus colaboradores, habría consistido en una trampa bursátil mediante la cual se ofrecía al público en general la promesa de un negocio con alta rentabilidad operativa de valores negociables a corto plazo. Sin embargo, de antemano se conocía la imposibilidad de cumplir con ese negocio. Una vez captada la masa de ''inversores'', la estocada delictiva consistió en enajenar ilegítimamente los títulos cartulares obtenidos por engaño, consumando de ese modo el despojo en perjuicio de los ahorristas.

Así, Rossini, junto a una estructura profesional especialmente dispuesta, captó a un gran número de ahorristas e inversionistas tenedores de títulos de valores negociables. Estas personas, confiando en su amplia y conocida experiencia en el rubro, transfirieron los instrumentos -en algunos casos, sin mediar válido consentimiento y en otros, abusados en su confianza- a la empresa "BV Emprendimientos S.A." -que no contaba con autorización para operar en el mercado-, por medio de una modalidad contractual de intermediación bursátil no autorizada, conocida como contrato de "locación de título”. Esta transacción celebrada entre los inversionistas y Rossini como representante de la firma "BV Emprendimientos", generó confusión al público inversor, lo que adquirió connotaciones de mayor gravedad en la medida que esa actividad estaba expresamente prohibida por las normas regulatorias del mercado.

Señala el fiscal Rodríguez que todo este marco irregular de actuación se desarrolló a la vista del "Mercado de Valores del Litoral S.A.", ente autorregulado. El presidente de ese organismo, contador Marcelo Fink, agregó el magistrado del MPF, no habría controlado, ni supervisado a esas empresas a tiempo, conociendo incluso los antecedentes negativos de Rossini en el ámbito de la operatoria bursátil. De esta manera, se habría propiciado una total desprotección de los ahorristas e inversores de ese mercado regional.

Asimismo, luego de que los títulos ingresaran a la cuenta de la empresa irregular ''BV Emprendimientos" en el ''Banco Galicia y Buenos Aires S.A.", esa entidad bancaria nunca controló el origen de esos fondos. En este aspecto, el fiscal señala que el Banco Galicia no sólo omitió disparar los respectivos reportes de operación sospechosa -ROS- de acuerdo a los estándares internacionales de nivel administrativo en la lucha anti lavado de activos suscriptos por la Argentina, sino que luego los habría ofrecido a la venta a través de la firma "Galicia Valores de Sociedad de Bolsa".

Tras la compleja maniobra, para Rodríguez se perfeccionó definitivamente la enajenación de los títulos, mediante la obtención de un millonario rédito ilegítimo que se reintrodujo, gracias a la actividad del Banco Galicia, en la economía legal. Por esta última conducta, la entidad bancaria está siendo investigada, para comprobar si fue o no cómplice del fraude.

Finalmente, el fiscal indicó que los hechos denunciados implicaron un grave riesgo para el sistema financiero y afectaron en su conjunto la confiabilidad de las inversiones, por intermedio de una lesión a los patrimonios de los numerosos damnificados. Por lo tanto, resultó evidente para el magistrado del MPF que, merced a la entidad de los bienes jurídicos en juego (entre los que se destaca la lesión al orden público económico, y no se descarta un perjuicio a los intereses de la Nación), se está ante un caso que debe investigarse dentro del ámbito de la justicia federal. En este aspecto, consideró que si se continuaba investigando los posibles delitos de manera separada, la justicia local de Santa Fe se encargaría de sesenta afectados, mientras que la federal llevaría los casos de otros 300, de los cuales además, en algunos, se repite la identidad de las víctimas.

En su escrito, Rodríguez también menciona que Rossini se encuentra en prisión preventiva a disposición de la justicia local, y que este hecho no se modificaría.

El pasado 21 de mayo, funcionarios de la Procelac junto al fiscal Rodríguez habían participado de una reunión con personas damnificadas por la estafa.