En los barrios populares, las veredas son una parte más de las viviendas. Su prolongación. Un patio exterior, que se comparte. Un lugar donde lo público y lo privado se mezclan y conviven. Las veredas son el lugar donde se ponen las piletas pelopincho, las mesas de los bares, las parrillas. Así como las esquinas son las zonas donde los jóvenes de los barrios de la periferia de la ciudad pasan sus horas de ocio, en las veredas las madres de la cuadra se juntan y comentan sobre sus vidas, sus familias, su barrio, lo que pasa y lo que no. La agencia ATAJO  de la villa 1.11.14, ubicada en la avenida Riestra, también pone su mesa, su sombrilla y su silla en la vereda.

El último martes de mayo, mientras los operadores de ATAJO realizaban dentro de la oficina su reunión de equipo, una vecina se sentó en las sillas sobre el frente de la agencia del MPF, a metros de la parada del colectivo 23. Luego de haber permanecido un rato allí, una de las compañeras del equipo advirtió su presencia, y se acercó para conversar con ella.

La mujer estaba alcoholizada, llorando y visiblemente lastimada, producto de una golpiza reciente. El pómulo izquierdo era un gran moretón hinchado. Lo mismo sucedida con el tabique de la nariz. Cuando entre llantos y quejidos comenzó a hablar, se detenía a cada instante, para indicar que le dolía mucho su costado derecho, a la altura de las costillas. Entonces precisó: “Me agarró a fierrazos hace un rato; me pasó un cuchillo sin filo por la yugular”. Entre llantos encontró un único consuelo, demasiado módico: “Menos mal que no tenía filo el cuchillo”.

Entre las lastimaduras provocadas hacía minutos por su pareja, una sobresalía: de su muñeca derecha salía sangre todavía.

A medida que se iba tranquilizando, la mujer contaba cómo se llamaba, dónde vivía y cómo había llegado hasta allí, al tiempo que pedía que no la juzgaran por su situación. Sentía vergüenza. Parecía pedir perdón. A cambio ofrecía contar toda su historia, desde el principio.

Ante Fabio Muente, psicólogo del Programa del MPF, Estela relató que no era la primera vez que era golpeada salvajemente por su pareja. Su historial estaba inscrito en su cuerpo, lleno de marcas y cicatrices, que mostró a las operadoras de ATAJO. “Fue por él que empecé a drogarme también”.

Cada vez que Estela le decía que iba a denunciarlo, él le respondía: “Hacelo, total, vos sos boliviana y yo argentino”. La mujer creía que efectivamente no podía hacer nada. Al arribar a esa parte del relato, Estela aclaró que no quería denunciar a su pareja, sino, apenas, contar su historia, sentirse contenida y quedarse, por unas horas al menos, en un lugar seguro. Sabía que regresar a su casa y encontrarse nuevamente con él podía terminar en una tragedia.

Para entonces, comenzó a llover, la sombrilla de ATAJO resultó insuficiente, y la temperatura bajó considerablemente. Dentro de la agencia, ya más tranquila, la mujer continuó el relato.

Con 39 años, y madre de un adolescente de 17 que vive con su padre y ex pareja de Estela, la mujer dijo que no quería por nada del mundo dejar de verlo, razón por la cual se negaba a ir a un refugio para mujeres en situación de peligro, porque pensaba que de esa manera perdería todo contacto con él.

La relación entre Estela y su violento concubino tiene 10 años. Desde que iniciaron el vínculo, la mujer dejó de trabajar, y “aceptó” forzosamente que el hombre vendiera todas sus cosas: la heladera, la cocina, el minicomponente, con un único fin: costear su dependencia a las drogas y el alcohol, que luego terminó siendo también de Estela.

Contención y derivación de ATAJO

Una vez superada la crisis desatada por la golpiza, y tras varias horas en la agencia ATAJO, su equipo le aconsejó a Estela la posibilidad y hasta la conveniencia de realizar la correspondiente denuncia ante la Oficina de Violencia Domestica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mujer, sin embargo, insistió en su negativa. Cuando ATAJO le dio precisiones sobre las medidas judiciales que se adoptarían en su favor, Estela decía que sentiría mucha vergüenza si oficiales policiales la llevaran en patrullero a su casa, para notificar al violento de la prohibición de acercamiento, tal como lo establece el protocolo que se sigue en estos casos.

Las dificultades que se les presentan a las mujeres que son víctimas de violencia de género son muchas. Primero, asumir el costo de la denuncia, en su subjetividad y en la relación concreta con su más inmediato entorno. La denuncia inaugura un escenario que no tiene retorno. Y también en la imposibilidad material de afrontar los procedimientos: traslado hasta la sede de la OVD, en el Palacio de Tribunales, para después dirigirse al juzgado correspondiente, donde habrá de realizar una declaración testimonial y, posteriormente, regresar al barrio, con un oficio dirigido a la comisaría más cercana, para que, acompañada de otro móvil policial, pueda sacar las pertenencias de la casa del agresor.

ATAJO, consciente de esos contratiempos, decidió ofrecerle a Estela una segunda opción: hasta tanto se decidiera a denunciar al golpeador ante la Oficina de la Corte, le propuso acompañarla hasta el comedor comunitario “Mujeres creando”, que reúne a mujeres de nacionalidad boliviana, y que aborda especialmente el grave y extendido problema de la violencia de género.

El vínculo de la agencia ATAJO de la villa del Bajo Flores con ese espacio comunitario se dio a raíz de las continuas recorridas barriales que el equipo del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia realiza periódicamente, a razón de dos veces a la semana. El objetivo de esas caminatas es conocer la realidad profunda de la villa, y generar relaciones con las diferentes ONG, creadas por los propios vecinos, y que animan la vida comunitaria y reemplazan las carencias estatales.

Estela aceptó la segunda alternativa. La mujer encontró en el comedor un lugar integrado por mujeres nacidas en su misma tierra, trabajadoras como ella, fortalecidas por la pertenencia a un grupo de pares, que supo recibirla y compartir con ella un plato de comida.

Pero los problemas de Estela continuaban. La violencia en su hogar y la adicción no se habían ido por el solo hecho de ir al comedor. En paralelo, fueron contactadas las operadoras de la SEDRONAR, quienes se acercaron inmediatamente y, en compañía de ATAJO, se dirigieron al centro de Mujeres Creando, donde dialogaron con Estela y le ofertaron un nuevo recurso: un tratamiento de desintoxicación y un lugar para dormir. La noche se acercaba irremediablemente, y la mujer necesitaba descansar en un lugar seguro, asearse y cenar, lejos del peligro.

Así, Estela terminó su jornada en el “Hogar de Cristo”, sobre la calle Bonorino, dependiente de la Parroquia Madre del Pueblo, una institución eclesiástica de gran prestigio en la villa 1.11.14, ubicada en el perímetro del barrio, frente al estadio de San Lorenzo.

Daños colaterales del maltrato

Como consecuencia de un vínculo violento, las mujeres que atraviesan esa situación se ven despojadas de todas sus pertenencias y referencias sociales, ya sea sus redes de contención –poco a poco se distancia de su familia, amigos/as, vecinos-; de sus bienes –el golpeador le quita su teléfono celular, que es la principal herramienta de comunicación en el barrio-; hasta de su documento de identidad. Y no sólo. También su estima personal se ve degradada.

El daño psicológico que la mujer golpeada va sufriendo a lo largo de los años en que vive bajo situaciones de maltrato y hostigamiento, se materializa en su subjetividad, que llega hasta naturalizar la violencia y el sometimiento, y, en muchos casos, acaba justificando los golpes y esperando inútilmente que las escenas algún día dejen de ocurrir, casi milagrosamente. Las disculpas y el fingido arrepentimiento que el violento expresa luego de las palizas confunden aún más a las víctimas, y las retienen todavía más fuertemente en las redes de la violencia.

La mujer se va aislando de todo, sintiendo que nada, ni nadie podrá ayudarla, ya que su padecimiento sucede puertas adentro de un lugar –su “hogar”- donde debería sentirse segura y en el que, por el contrario, convive con el miedo.

El relato de Estela era de difícil comprensión, sus frases entrecortas y difusas se interrumpían por el dolor de las heridas recientes. De a ratos, la exposición parecía confusa y contradictoria. Si bien se negaba a denunciar al violento ante la OVD, en otro tramo relató que ya había realizado denuncias anteriores en la comisaría, aquéllas ante la sucesión de amenazas de muerte y constantes descalificaciones por su nacionalidad y la repetición invariable de una frase: “Yo tengo una hija discapacitada; a mí no me pueden hacer nada, además yo soy argentino y vos no”. Pero sus resultados no fueron los esperados, todo lo contrario: aumentaron la violencia.

El rol social de ATAJO

Estela concurrió a ATAJO y se acercó al Programa por la silla puesta en la vereda. La mujer, como tantos y tantas vecinos de la villa, cree que en la oficina del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia “pasan cosas” y  “hacen algo por la gente”. En el caso de Estela, la mujer se arrimó luego de que su marido, harto de golpearla y de escuchar sus llantos, le dijo “andá ahí donde te ayudan”.

Hasta el arribo de ATAJO, la puerta de acceso a la Justicia para mujeres como Estela era la comisaría. Sin embargo, allí su drama particular no podía ser canalizado adecuadamente, debido a la poca capacitación en esa problemática que poseen los funcionarios de las fuerzas policiales. Las exposiciones de Estela ante la sede de la fuerza de seguridad, ni siquiera fueron tomadas como denuncia.

No obstante, la intervención de ATAJO también reconoce límites e impedimentos. Si bien la respuesta corriente ante casos de violencia hacia la mujer es la derivación responsable a la OVD, existen variables que hacen impracticable esa alternativa, por más que el Programa del MPF se esfuerce en ensayar estrategias de articulación con la vital oficina de la Corte.

Esa dependencia judicial fue creada por el máximo tribunal en 2006. Su objetivo funcional es facilitar el acceso a una vía rápida de resolución de conflictos a las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Esa oficina, ubicada en Lavalle 1250, trabaja de manera interdisciplinaria durante las 24 horas, todos los días del año.

En el caso de Estela, su ebriedad en ese momento, la adicción de base, y la falta de recursos económicos para costear los traslados hasta la sede de los Tribunales y los trámites posteriores, hacían imposible esta primera opción, a pesar de lo cual la mujer sin dudas necesitaba una respuesta inmediata y una acción concreta que la sacara de su impostergable situación de peligro de vida. En otros casos similares en los que intervino ATAJO y la víctima aceptó acercarse hasta la OVD, su trabajo posterior consistió en garantizar que las medidas judiciales dictadas se hagan efectivas y no sean artificiosas ni superficiales.

Evidentemente, las problemáticas de acceso a la Justicia y violencia de género no son cuestiones aisladas, sino conflictos de naturaleza social, relacionados entre sí. La ajenidad que la población más vulnerable del cuerpo social siente ante la institución judicial es ostensible. Para empezar: la distancia física, concreta, que el Programa del MPF intenta abreviar mediante los ATAJOS. Por esta razón, la solución parcial propuesta como segunda opción consistió en poner en contacto a Estela con una institución comunitaria del barrio, porque la urgencia del caso reclamaba, antes que nada, un abordaje colectivo, entre pares. Ese es el piso a partir del cual ATAJO podrá insistir ante la mujer sobre la necesidad de judicializar el vínculo violento, y asegurarle, vía OVD, el acceso real, concreto, efectivo, al sistema de administración de Justicia, por más que de hecho y en lo estrictamente formal esa posibilidad estatal exista como primera y más conducente alternativa.