En las instalaciones del comedor que tiene la Asociación Civil “Ayúdame a crecer” en la villa 31, se desarrolló el miércoles 13 de mayo una clínica jurídica sobre derecho ambiental. La jornada estuvo a cargo de dos abogadas, especialistas en la materia e integrantes de la Fundación FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).

La actividad fue parte de la estrategia trazada por el equipo ATAJO de la villa de Retiro para el presente año: acompañar la pelea de la comunidad del barrio por resolver el problema de la basura y los desperdicios acumulados en las calles de la villa.

Durante la actividad, a la que asistieron una decena de mujeres que concurren habitualmente al comedor, la docente universitaria Samanta Rausch y la coordinadora del área de participación ciudadana de la Fundación, Pía Marchegiani, hicieron un minucioso recorrido por la normativa vigente en materia ambiental y remarcaron la obligaciones del Estado en relación con esta temática, que desde 1994 incorporó con jerarquía constitucional el derecho a vivir en un ambiente sano.

“El medio ambiente tiene que ver con la salud de las personas”, recalcó Rausch. Por eso mismo, continuó, “es importantísimo tener información sobre nuestros derechos, para poder hacerlos valer”.

Las especialistas insistieron en la necesidad de que la comunidad se informe y participe activamente, especialmente la de aquellos barrios vulnerables, en donde el tema ambiental sufre graves afectaciones, que alteran sensiblemente la vida de las personas y su desenvolvimiento social.

Respecto de la participación ciudadana, la coordinadora Pía Marchegiani destacó que en la ciudad de Buenos Aires la ley vigente obliga a las autoridades del Estado porteño a convocar a audiencias públicas antes de encarar cualquier obra que tendrá algún impacto ambiental. Sin embargo, la abogada relativizó el efecto de esas audiencias, porque “sus decisiones no son vinculantes y además suelen hacerse en lugares alejados de donde se hará la obra, en horarios en los que los vecinos trabajan; y a veces son demasiado largas y duran hasta dos días”.

No obstante, ambas especialistas estimaron que ese mecanismo de control ciudadano es de carácter ineludible para el Estado y que en el caso de que una obra sea rechazada por la audiencia pública las autoridades gubernamentales deben argumentar ante los vecinos las razones por las cuales ese rechazo sería infundado.

Tras la exposición, las vecinas de la villa 31 debían indicar cuáles son los problemas que les impiden ejercer su legítimo derecho a vivir en un ambiente sano. Las mujeres individualizaron como inconvenientes a resolver, en primer lugar la recolección defectuosa de basura, y luego, en orden de importancia, conexiones deficientes entre los domicilios y el caño maestro cloacal, tenido eléctrico en malas condiciones, falta de conocimiento y poca conciencia sobre la problemática entre los vecinos, y escaso acceso a la información pública relativa a las obras en construcción dentro del barrio. “Uno llama al gobierno de la Ciudad y no responden. Y a veces los delegados de manzana no cuentan mucho a los vecinos”.

Hacia el final, Samanta Rausch y Pía Marchegiani, y un becario de la Fundación, llamado Benjamín, que acompañó la charla, repartieron entre las mujeres un folleto con un resumen de los contenidos abordados en el taller y un modelo de solicitud de información pública, dirigido a la Dirección de Higiene Urbana, para ser utilizado por el barrio en caso de resultar necesario.