La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento con prisión preventiva de un hombre acusado de liderar una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, el tribunal de alzada revocó la falta de mérito contra otras tres personas: la esposa, el hijo y una “mujer de confianza” del imputado. La familia habría formado parte de la banda y cada uno habría cumplido un rol específico para llevar adelante la explotación de al menos cinco mujeres en situación de vulnerabilidad, entre quienes figuraba una embarazada y otra víctima con un hijo menor de edad a cargo al momento del allanamiento, en dos prostíbulos ubicados en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El sindicado como líder de la banda es un ex policía retirado, propietario del local nocturno y jefe de la organización. Según el expediente, junto a la esposa eran responsables de la explotación sexual de mujeres en uno de los locales nocturno. En tanto, el hijo de ambos, apodado “el bicho”, se habría encargado de la captación de las víctimas. Finalmente, la cuarta imputada tenía a su cargo el funcionamiento del lugar y llevaba el control de los denominados “pases”. Además, les pagaba a las víctimas y advertía a la familia de los posibles allanamientos.

La instrucción de la causa estuvo a cargo de Pablo Camuña, a cargo de la Fiscalía Federal N°2, quien solicitó los procesamientos de los imputados en abril de 2015. Sin embargo, el juez Pablo Poviña había aceptado la medida únicamente respecto al líder de la banda y dictó la falta de mérito para el resto de los acusados. Entonces, los fiscales Camuña y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex),  Marcelo Colombo, apelaron dicha resolución ante Cámara Federal de Tucumán. Finalmente, esta postura fue sostenida por el fiscal Gustavo Gómez. Asimismo, el representante del MPF solicitó que se amplíe el monto del embargo por la suma de 1.500.000 en lugar de 40 mil.

Para el representante del MPF, el juez de primera instancia actuó de manera “arbitraria” y “contradictoria” ya que “teniendo en cuenta las pruebas producidas y el accionar de los imputados decide erróneamente disponer la falta de mérito de algunos y el procesamiento de otro”, y sostuvo que “el único procesado en la causa no pudo haber actuado sin la participación necesaria de los otros denunciados”.

El caso

La investigación había originado en marzo de 2014 a raíz de una denuncia de la Fundación María de los Ángeles respecto a la presunta explotación sexual de mujeres en una serie prostíbulos ubicados en la provincia de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Sin embargo, la causa arrojó resultados positivos en dos locales nocturnos ubicados en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Uno de ellos fue cerrado durante la pesquisa y en marzo de 2015 se allanó un solo local. En esa oportunidad, cinco víctimas en situación de vulnerabilidad fueron rescatadas. Una de ellas se encontraba embarazada de cinco meses y otra habitando el local con un niño de dos años.

Durante el procedimiento, se secuestraron anotaciones con los nombres de las víctimas con el detalle de los denominados “pases”, dos pistolas, grandes sumas de dineros y preservativos.