En línea con la presentación efectuada por la fiscal federal Ana Russo, el juez Ernesto Kreplak hizo lugar a un recurso de apelación contra la resolución que dispuso la falta de mérito de uno de los acusados de explotar a 311 víctimas en un campo ubicado en la localidad de Abasto, a 15 kilómetros de la ciudad de La Plata.

Se trata del encargado general del predio donde habrían sido sometidas las víctimas durante una “inusitada” extensión de la jornada laboral, con paga insuficiente, viviendas precarias y con la carencia de servicios sanitarios. Además, habría sido el responsable de seleccionar personal, que muchas veces era trasladado por la propia empresa desde países limítrofes o provincias del norte. La persona en cuestión tendría a su cargo el control de los horarios de la extensa jornada laboral y la supervisión de la cosecha, entre otras tareas.

La causa se inició a raíz de una denuncia formulada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo, a partir de la declaración del apoderado legal de la Delegación Buenos Aires del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). En esa oportunidad, el organismo describió que en la finca señalada se encontrarían personas en situación de explotación laboral, así como también escasa registración de los trabajadores por parte de la empresa empleadora. Asimismo, desde el RENATEA aportaron imágenes que dan cuenta que las víctimas residirían en la misma finca bajo condiciones "indignas".

Como consecuencia, el 22 de diciembre de 2015 se realizó el allanamiento en el predio. Desde ese momento, el imputado se encuentra detenido.

Argumentos

Para la representante del MPF, el imputado “es una persona que desarrolló una carrera en la empresa y fue creciendo hasta llegar a ser el encargado general que tomaba prácticamente todas las decisiones sobre el trabajo que se desarrollaba en el establecimiento”.

Además, señaló que el acusado “conocía plenamente la situación de explotación del personal y la estimaba legítima”. A su vez, resaltó que  al ser quien se encargaba de la sección del personal, “no debería desconocer las situaciones de vulnerabilidad que presentaban esas personas, las distintas irregularidades migratorias que detentaban varios trabajadores y los antecedentes e historias de cada uno de ellos”. Asimismo, destacó que el hombre “resolvía incluso más que el propio titular de la empresa o dueño”.

En su apelación, Russo destacó el informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto al obrar del imputado, y que contiene la declaración de algunos de los trabajadores. En ese documento, algunas de las víctimas señalaron que tanto el imputado como otro de los acusados, “por razones  que desconocían, dilataban las liquidaciones de sus remuneraciones por períodos variables”. Por ese motivo, se veían en la situación de solicitar adelantos de dinero para afrontar gastos cotidianos. En estos casos, ambos imputados les descontaban de sus remuneraciones la suma correspondiente al 15% en concepto de intereses, cláusula abusiva unilateralmente dispuesta por ambos responsables e inapelable para el conjunto de trabajadores, quienes se veían obligados a aceptarla.

Finalmente, la fiscal sostuvo que el imputado “no solo poseía cabal conocimiento de la ilegitimidad de esas prácticas sino que lisa y llanamente incorporaba de su lado un plus de explotación consistente en dilatar los pagos, y generar la necesidad de adelantos para cobrar luego usurarios intereses”.