De acuerdo con la acusación, los/as imputados/as -entre ellos/as, dos integrantes de Barrios de Pie- instauraron entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica y defraudaron al Estado con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos. El fiscal pidió que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero.