El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, junto a la auxiliar fiscal María de las Mercedes Galli, aseguraron que hoy en su alegato que el intento de robo de una camioneta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) asignada al ministro Horacio Rosatti, ocurrido en mayo de 2024 frente al palacio de Tribunales, fue un acto de “hostigamiento” hacia el presidente del máximo tribunal, y solicitaron que el acusado sea condenado a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron esa pena para el imputado Damián Berruet (46), al considerarlo autor del delito del delito de “robo en grado de tentativa, doblemente agravado por haber hecho uso de una ganzúa o elemento similar y por tratarse de un vehículo que se encontraba en la vía pública”.

El debate oral, que comenzó el 23 de junio pasado, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado unipersonalmente por el juez Néstor Costabel, continuará el próximo miércoles 16 de julio, con el alegato de la defensa.

El alegato de la fiscalía

En su exposición, los representantes del Ministerio Público Fiscal dieron por acreditado que el 30 de mayo de 2024, Berruet intentó forzar con un destornillador, la cerradura de la camioneta Toyota SW4, color blanco, asignada al entonces presidente de la CSJN.

La secuencia de los hechos quedó registrada en videos de distintas cámaras de seguridad de la zona, que constituyeron prueba clave y fueron exhibidos hoy por la fiscalía.

En su exposición, la auxiliar fiscal Galli describió esos registros fílmicos que daban cuenta del recorrido efectuado por Berruet, desde que salió del hotel Nuevo Camino -donde estaba alojado-, hasta que cruzó de vereda en la calle Uruguay, hacia el sector de estacionamiento reservado para los vehículos de la Corte Suprema, observó la patente de la camioneta -que estaba detenida junto a otras tres iguales- e intentó forzar su cerradura.

Galli también destacó que, al momento de ser apresado, el detenido no portaba ningún teléfono celular ni documentación personal, y que dio una identidad falsa, que correspondía al dueño de un comercio ubicado al lado de la casa de su madre, en la ciudad de Córdoba. También recordó que el hombre portaba un destornillador de 30 centímetros, una llave Allen con una de sus puntas afilada y una radio tipo handy, que había sido modificada técnicamente para transmitir en dos frecuencias y funcionar como inhibidor de la señal de las llaves de los vehículos.

El acusado Damián Berruet enfrenta un pedido de condena de 5 años de prisión como autor del delito de robo en grado de tentativa doblemente agravado. Foto: captura de Zoom

“Hostigamientos y presiones”

A su turno, el fiscal general Luciani señaló que, en su indagatoria, Berruet confesó el hecho. Sin embargo, afirmó que el imputado quiso “hacer creer que desconocía que esa camioneta era la que tenía asignada el doctor Rosatti”. En tal sentido, la fiscalía sostuvo que en las imágenes queda claro que el imputado “fue directamente al objetivo”.

El representante del MPF consideró que no quedaba “ninguna de duda de que este acto es uno más de los tantos hostigamientos y presiones que tuvo que tolerar el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, entre los que enumeró el intento de robo a su vivienda en la ciudad de Santa Fe, en 2023, pintadas y pasacalles intimidatorios, los sucesivos intentos de hackeo de sus líneas de teléfono celular, el robo de las declaraciones juradas de jueces en junio de 2022, cuando presidía el Consejo de la Magistratura, y la sustracción de una mochila que se hallaba en el interior de una camioneta idéntica a la de los hechos juzgados en el debate.

“No puede perderse de vista que todos estos hechos tuvieron lugar en un momento en el que el poder político del Gobierno anterior hostigaba sistemáticamente a jueces y fiscales honestos e íntegros que llevaban adelante causas de gran corrupción y que cumplían con su función constitucional”, resaltó Luciani.

Agregó que todo ello se dio en un “escenario político particularmente convulsionado, marcado por un proceso bochornoso de juicio político impulsado contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia”.

Así, concluyó que el hecho imputado “no puede ni debe ser examinado como un suceso aislado y circunstancial, sino como una continuación de estos actos detestables que atentan contra la democracia, contra la división de poderes, y que tienden -ni más ni menos- que a amedrentar, desestabilizar y presionar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

A su vez, el fiscal recordó que el último amedrantamiento se dio, días atrás, cuando la Corte “dejó firme el fallo que condenó a la expresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner), en el caso ‘Vialidad’ cuando aparecieron pintadas y panfletos amenazantes en la provincia de Santa Fe, con directa alusión al doctor Rosatti”. Así, a criterio del fiscal, la valoración del hecho y el contexto le otorgan a la conducta desarrollada por Berruet “una dimensión institucional sumamente delicada”.

El perfil del imputado

Posteriormente, la auxiliar fiscal explicó el encuadre jurídico de la conducta atribuida a Berruet tras lo cual, el fiscal general Luciani efectuó la mensuración, determinación y modalidad de cumplimiento de la pena.

En tal sentido, el representante del MPF destacó que el imputado contaba con un frondoso prontuario de delitos contra la propiedad, y que había sido condenado en, al menos, cinco oportunidades.

Así, Luciani entendió que “la pena que se solicita en este caso debe reflejar un claro mensaje a la sociedad respecto de hechos de esta naturaleza” y agregó que “la Justicia debe ser implacable frente a estos acontecimientos tan graves para disuadir a quienes orquestan estos ataques en clara infracción a la ley y a los derechos de las personas”.

En virtud de todo ello, Luciani requirió que se condenara a Berruet “a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y al pago de las costas del proceso” y que, dado los antecedentes condenatorios del hombre, se mantuviera su declaración de reincidencia.

El destornillador, la llave Allen y el handy inhibidor de señal secuestrados al acusado tras su detención. Foto: Policía de la Ciudad

El caso

El hecho que se juzga en este debate y cuya investigación estuvo a cargo del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5, Franco Picardi, ocurrió el 30 de mayo de 2024, alrededor de las 13.40, en uno de los laterales del Palacio de Tribunales.

En aquella oportunidad, un suboficial auxiliar de la División Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Policía Federal Argentina (PFA), que custodiaba los espacios de estacionamiento asignados al máximo tribunal, sobre la calle Uruguay al 500, vio que un hombre efectuaba maniobras sospechosas sobre una camioneta Toyota Hilux SW4 blanca de la Corte Suprema asignada al ministro Rosatti.

El efectivo se acercó a Berruet y vio que, en sus manos, portaba un elemento punzante con el que intentaba forzar la cerradura. Cuando intentó reducirlo e identificarlo, el imputado lo amenazó con el objeto que portaba y se dio a la fuga por la calle Uruguay, hasta que finalmente fue detenido por dos efectivos ciclista de la Comisaría Vecinal 1B de la de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Lavalle y Paraná.

El imputado dio una identidad falsa al tiempo que se le incautó un equipo de comunicación tipo handy -adaptado para funcionar como inhibidor de señal-, un destornillador de aproximadamente 30 centímetros y una llave tipo Allen con uno de sus extremos limados en forma de punta.

Una vez en la comisaría, se determinó la identidad de Berruet, quien contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad y resistencia a la autoridad.

Por otra parte, en el marco de la investigación, se estableció que el imputado -oriundo de la provincia de Córdoba- se alojaba junto a un grupo de entre ocho y doce personas en tres habitaciones del Hotel Nuevo Camino, ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 1900, en el barrio de Congreso.

De acuerdo a testimonios recabados y a las tareas investigativas, los integrantes del grupo llegaban al hotel los miércoles y se retiraban los viernes, y de acuerdo a la hipótesis inicial asentada en el requerimiento de elevación a juicio, se dedicaban a cometer “robos y hurtos sin mucha complejidad” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.